Culpable de divorciarse

«Esta carta la estoy escribiendo el día de Reyes, estoy feliz por ver una sonrisa a mis hijos en los labios. Hace tiempo que no sonríen de verdad. Están metidos en medio de una batalla absurda que sólo los adultos deberíamos asumir. Han podido más los intereses económicos y los rencores de dos familias que lo que realmente importa, que son ellos».

Es el testimonio de Silvia Casado, una mujer que decidió divorciarse hace un año. Desde entonces vive un calvario. La sentencia de divorcio le asignó la custodia de los tres hijos y, por consiguiente, el uso y disfrute del domicilio familiar. Una vivienda que es propiedad exclusiva de su ex marido.

«Me culpan porque creen que me quedé con todo», lamenta. Pero como dice su abogada, Carmen Serrano, la vivienda no es para ella, es para sus hijos. La custodia de los hijos e hijas y la vivienda, así como la disolución de las sociedades de bienes gananciales, que se hace después del divorcio, son los temas de disputa más frecuentes en las rupturas no consensuadas.

Una conflictividad que este último año ha experimentado un aumento del 10% respecto a 2013. Según el Consejo General del Poder Judicial, 40% de los divorcios que se registraron en la provincia entre enero y septiembre de 2014 fueron contenciosos, frente al 30% del año 2013. El esposo y la esposa no logran ponerse de acuerdo y son los juzgados de familia los que tienen la última palabra con las sentencias que emiten. Entonces, empieza otra guerra. Las sentencias son puestas en tela de juicio y aunque consigan el respaldo judicial muchas mujeres se ven condenadas social y familiarmente por el resultado.

El caso de Silvia, apunta la abogada Paloma García-Lozano, «no es una excepción». «Está ocurriendo que hay viviendas que son privativas pero como han constituido el domicilio familiar lo lógico es que se atribuya a los hijos con independencia de quien sea el propietario. A quien se protege es a los hijos», afirma.

Los conflictos posteriores a las sentencias de divorcio se ven en los juzgados de familia y también en los servicios sociales. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la modificación de medidas no consensuadas es muy superior a la de las consensuadas. En León se firmaron 784 divorcios en los nueve primeros meses del año pasado y se realizaron 188 modificaciones de medidas, de las cuales el 18,6% —35— fueron cambios en las consensuadas y el 82,4% —153—en las no las no pactadas. La conflictividad en las guardas y custodias de cuando se trata de hijos no matrimoniales es menor. Según el CGPJ, de los 167 casos tramitados entre enero y septiembre del año pasado en León, el 44% se resolvieron de mutuo acuerdo y el 56% restante por sentencia judicial.

En el servicio de Familia de la Junta en León han detectado que los conflictos por divorcios mal cerrados acaban a veces en violencia de género. «La casa y los bienes gananciales son temas que dan lugar a muchas disputas», reconoce Quinidio Martínez.

El divorcio exprés agilizó los trámites para no prolongar la ruptura durante años, como sucedía. Pero los expertos encuentran que tiene lagunas que deberían subsanarse como la falta de potestad de los jueces para ordenar vender los bienes de las sociedades gananciales cuando no se ponen de acuerdo en el reparto o, en el caso de las viviendas privativas, sustituir el uso y disfrute por una indemnización equivalente al tiempo que puede prolongarse la medida, teóricamente hasta la mayoría de edad de hijos e hijas menores. «Se evitarían conflictos, violencia y modificaciones después de la primera sentencia», subraya Martínez.

Como muestra de estos episodios está el caso de una mujer de casi 70 años que recibió una paliza de su ex marido, ya jubilado, al pedir para ella la vivienda habitual del matrimonio de las dos casas que tienen en propiedad.

La mediación podría disminuir el número y la intensidad de los conflictos en las rupturas matrimoniales. «En sólo una sesión entienden que la responsabilidad es suya y que no la deben dejar gestionar a terceros», subraya Beatriz Ruiz, secretaria de Amele (Asociación de Mediadores de León. El éxito de una mediación es que las dos partes sientan que han ganado. y no que pierden.

«Es muy importante y debería incentivarse porque bajaría la litigiosidad, pero hasta ahora se ha hecho mucha formación y poca mediación», asegura el decano de los abogados de León, José Luis Gorgojo.

La mediación intrajudicial, con larga trayectoria en provincias como Málaga y Asturias, «está en mantillas» en León, admiten abogados y mediadores. Amele firmóo un convenio con el Juzgado de Familia de León para poner en marcha un servicio de mediación intrajudicial en marzo de 2014. Oficialmente, arrancó el 3 de noviembre pero en la práctica aún está arrancando. «El juzgado tiene que hacer un protocolo interno y lleva tiempo», justifica la presidenta de Amele, Rosa Carneros, que asegura que pronto comenzarán las primeras mediaciones.

De momento, «cualquier persona que lo desee puede ponerse en contacto con la asociación o solicitar a su letrado que a través del juzgado de Familia pida una cita», apunta el tesorero, Óscar Martín.

La crisis ha agravado también algunas situaciones derivadas de las rupturas, aunque durante un período de disminuyera el número de divorcios hasta 2012, a partir de 2013 se produjo un nuevo repunte de las rupturas, que alcanzó el 13,1% en la provincia. Esta tendencia al alza se desprende de de los datos de los tres primeros trimestres de 2014, que registra tantos casos como en todo el año 2012 y tan sólo 108 menos que en todo el 2013.

«Si yo hubiera tenido un trabajo estable y una vivienda me hubiera podido marchar y mis hijos hubieran crecido normal, sin tener que estar en medio de todo ésto», asegura Silvia Casado. En más de una ocasión, en momentos de desesperación ha estado a punto de dejar la vivienda. «Yo le he dicho que no debe irse», apunta su abogada. «¿A dónde va con los tres niños?», se pregunta.

Su ex marido tuvo que irse a vivir a casa de la madre y quedó en el paro. «Yo a él le entiendo, en ese sentido se vio en la calle, sin nada, y viendo a sus hijos cada 15 días», admite. Pero la realidad, asegura, es que «aquí hemos perdido todos». Ambos se quedaron sin trabajo y ella confiesa que ha llegado a prostituirse para completar los 390 euros estipulados en la pensión alimenticia para los tres hijos. Él también se quedó en el paro.

Actualmente recibe apoyo psicológico y ha presentado varias denuncias porque «me rajan las ruedas del coche, entran a mi casa para asustarme y pegan a mis hijos». «Me amenazan por haberme quedado con el piso», asegura. Ha tramitado varias denuncias, la última tiene fecha del 9 de enero. Fue cuando se encontró con las cuatro ruedas de su vehículo Hyundai Getz rajadas. La Policía Local de Valverde de la Virgen tramita otras denuncias similares de la mujer. A la pregunta de los agentes de si sospecha de alguna persona contestó «que sí, de su ex cuñado», igual que en las anteriores ocasiones.

Otra denuncia que presentó ante la Guardia Civil en León, el 20 de diciembre, es contra su ex marido. Según contó a los agentes, el hombre no recogió a sus tres hijos a la salida del comedor del colegio el día anterior, último día de clase antes de las vacaciones de Navidad.

La sentencia asigna la mitad de las vacaciones escolares a cada progenitor. «Puesto que las navidades pasadas, la primera mitad las pasaron con su madre» estas últimas navidades correspondían al padre y a la madre a partir del día 31 a las 20.00 horas. Su ex marido se había ido a Andalucía a casa de una hermana sin avisar. Los niños pasaron todas las navidades con la madre «con los gastos por la falta de tiempo y descanso que conlleva a la madre», alegó la mujer.

En el año que lleva divorciada y sin trabajo ha tenido que recurrir a Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos para poder sobrevivir. «Mis vecinas, mis amigos, la gente que me quiere saben cómo soy, cómo atiendo a mis hijos», agrega en su defensa.

Lamenta la lentitud de la justicia, de la misma manera que la actitud de su ex marido a quien responsabiliza «de no frenar» la intromisión de la familia política en el conflicto». «Se vieron con el derecho de atacar por todos los bandos independientemente de que mis hijos estuvieran en medio», añade.

En la carta que comenzó a escribir el día de Reyes admite que «tal vez yo también me equivoqué, pero cada uno toma sus decisiones en la vida y nadie, absolutamente nadie, debe intervenir». Silvia Casado publicó en las redes sociales su vida privada y las acusaciones de agresiones hacia sus hijos por parte de dos hermanos de su ex marido que son sacerdotes, lo que le ha valido una contradenuncia. «Me ha denunciado mi familia política, me ha puesto una querella criminal por hacer público todo esto y dar nombres y apellidos de quienes pegaban a mis hijos, pero estaba harta de todo esto y de que la justicia sea tan lenta». Está asustada y asegura que están presionando en su entorno social para que nadie le preste ayuda.

Ella no tiene pruebas de quién le ha rajado las ruedas del coche, ni tampoco de quiénes entraron en su casa en Navidad sin necesidad de forzar la puerta. Lo que tiene claro es que tanto su familia como la de su ex marido debieron mantenerse al margen. Culpa a su ex marido de no haber hecho nada para parar el conflicto «al no tener el valor de asumir su responsabilidad de padre y no dejar a sus sus hermanos que pegaran a mis hijos y a su madre permitirla que los insultara y a mí también».

Finalmente, reflexiona sobre lo que hubiera pasado si ella hubiera renunciado a la guarda y custodia. «Todo esto lo tenía que haber evitado cediéndole todo como querían. Y yo haberme ido pasándole los 390 euros euros estipulados para mis hijos, tal vez ellos no habrían pasado por todo esto».

Pero, añade en la extensa carta, «mi corazón de madre no tuvo el valor de dejar a mis hijos. Salieron de mí. Yo quiero verlos crecer, estar ahí para poderlos levantar cuando se caigan. Y aunque se equivoquen, jamás alejarme de ellos».

La conflictividad postdivorcio está a la orden del día.