El Defensor del Paciente denuncia el traslado múltiple en ambulancias

La situación generada en la sanidad por los problemas de infraestructuras ocasionados por la pandemia del coronavirus están generando las primeras reacciones y actuaciones judiciales. El Defensor del Paciente ha dirigido un escrito a la Fiscalía de León pidiendo la apertura de una investigación de las Ambulancias del Bierzo y Laciana por el protocolo seguido a consecuencia del Covid-19, «trasladando 7 pacientes a la vez», según reza testualmente en el escrito del Defensor del Paciente al que ha tenido acceso este periódico.

El escrito está firmado el pasado 10 de abril y va rubricado por la presidente del Defensor del Paciente, Carmen Flores, y está dirigido a la responsable de la Fiscalía de León, Isabel Morán González.

La responsable del área del Defensor del Paciente indica que ante la situación que le adjuntan en varios documentos, que trata «del incumplimiento de protocolo de seguridad de la ambulancias», y que afecta a paciente y trabajadores del servicio de transporte de hemodiálisis del área de Ponferrada y de Villablino» y que eran conocedores de las advertencias. Aseguran en la carta que, «a pesar de esto, no sirvieron de nada, explicando que las ambulancias abarrotaban los vehículos, superando el máximo de cuatro pasajeros».

Añaden desde el Defensor del Paciente que, «aún así la UTE Samur León –cuya matriz es Ambuiberica, del ex diputado del PP Carlos Magdaleno– no cumplió esta normativa hasta este lunes».

«‘Íbamos como sardinas en lata’, denuncian personas que, por su edad, además eran pacientes de riesgo ante el corona virus, máxime por las patologías de riesgo de los pacientes», abundan en el mismo escrito remitido a la Fiscalía.

Por todo ello, desde este organismo que vela por la calidad del servicio a los pacientes de la sanidad, le solicitan una investigación de oficio «por un presunto delito de poner en riesgo la vida de las personas e incumplir la ley de alarma». Habrá que saber si los pacientes y trabajadores han podido infectarse por la irresponsabilidad de las empresas, concertadas por la Junta de Castilla y León», añaden.

Asegura igualmente que esta solicitud transmitida a la Fiscalía de León, «como siempre, está la fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal».

La carta termina confiando en el trabajo de investigación de la Fiscalía y que se esclarezca lo sucedido.

Esta actuación judicial instada desde el Bierzo es de las pocas que hasta ahora se han cursado. Como se recordará, hace unos días este periódico publicaba las actuaciones en materia de ciberdelinciencia y también relacionadas con la violencia doméstica como principales casos.