El punto de vista judicial
«Hay derechos fundamentales suspendidos»
Concepción cuestiona que el estado de alarma se use más allá de los límites legales
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, cuestionó ayer que el Gobierno use el estado de alarma para algo que no le permite la Constitución, ya que esta figura admite «limitar derechos pero no suspenderlos», y en su opinión actualmente los españoles tienen «suspendidos algunos derechos fundamentales». «No sé cómo nombrarlo, si estado de alarma o estado de excepción lo que padecemos los españoles desde hace dos meses», ha respondido en una entrevista con Onda Cero.
Concepción ha asegurado que el Ejecutivo «está utilizando la paralización del país para fines distintos de salvar a la población del coronavirus» y ha cuestionado que «las calles se hayan poblado de gente y los negocios y los juzgados no puedan funcionar al 100%».
«Los escritos están inundando los órganos judiciales y se va a producir un colapso importante», ha avisado el presidente del alto tribunal, convencido de que estos planteamientos no son una «crítica al Gobierno», sino una «reflexión desde el punto de vista jurídico».
Visión jurídica
En su opinión, el Gobierno «está utilizando el estado de alarma para algo más de lo que permite la ley del 81, que es restringir ocasionalmente algún derecho con la finalidad exclusiva de parar una epidemia, no para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia».
Sobre los datos aportados por el TSJCyL, que cuestionan los registros de fallecimientos aportados por la Junta de Castilla y León y el Gobierno central, Concepción ha recordado que los datos aportados como muertes en los hospitales y que eran el dato utilizado para hablar de los fallecimientos en cada territorio equivalían a la mitad de los que están contabilizados en el Registro Civil. «Están ascendiendo en más del doble las cifras oficiales», ha concretado. Ha explicado que se decidió a pedir las certificaciones de fallecimientos porque le llamó la atención que dos o tres semanas después de suspender las actuaciones judiciales, una de las principales actividades era la atención al registro civil y constató que había dificultades para tramitar las certificaciones de defunciones, debido a las «pocas referencias a la causa de la muerte».