El Gobierno necesita a sus socios de legislatura en un contexto marcado por el calendario electoral
Una vez zanjadas las tensiones entre PSOE y Unidas Podemos por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que han reabierto la herida por el gasto militar, al Gobierno le queda un largo trámite para aprobar definitivamente las Cuentas públicas. En Hacienda ya admiten en privado que las negociaciones serán «complicadas» y nombran específicamente dos partidos: «Esquerra (13 diputados en el Congreso) y también del PNV (6)». Dos socios esenciales a lo largo de la legistatura que ya han mostrado algunas de sus exigencias. En cambio, Moncloa es más optimista respecto al voto de otros aliados como EH Bildu (5), Más País (2) o Compromís (1).
Del llamado ‘bloque de la investidura’, los republicanos han sido hasta ahora los más críticos con el proyecto de ley. Este jueves volvieron a advertir al Ejecutivo que «van a tener que sudar» para conseguir su visto bueno. Sus líneas rojas, aseguran, pasan por poner en marcha una «agenda de desjudicialización», con la reforma del delito de sedición como elemento más significativo. A partir de ahí, su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, insiste en que la ley de vivienda, que permanece en tramitación, es «importantísima».
En el PNV, por su parte, ya se han mostrado «abiertos a la negociación sin líneas rojas» aunque reclaman que se cumplan los acuerdos que, entienden, están pendientes. «Se pueden hacer muchos gestos si se quiere, sean transferencias o no, y, si ellos quisieran, lo podrían hacer rápido», afirmó el martes el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, que aviso de que «octubre será un mes largo». El traspaso de competencias que parece más próximo es el de Cercanías, pero el Gobierno vasco también prioriza otras como Meteorología, Ordenación del Litoral y Salvamento Marítimo. Letra pequeña El apoyo más claro parece, por ahora, el de EH Bildu.
El martes, después de conocer el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, valoraron positivamente el borrador de las cuentas por su «marcado carácter social». A falta de estudiar la letra pequeña, piden al Gobierno que escuche y atienda las demandas de su grupo para que «haya más medidas dirigidas a la clase trabajadora».
Pero aunque la coalición ya logró sortear este trámite en 2020 y 2021, la situación ahora es distinta. Sin la inquietud por la pandemia en el ambiente, 2023 es año electoral, con comicios municipales y regionales en mayo y la guinda de las generales, que aún no tienen fecha fijada.
Este hecho contribuye atrincherar las posiciones de estas formaciones, que tratarán de arrastrar a PSOE y Unidas Podemos a sus posiciones de cara a su electorado. Los morados también han advertido a los socialistas que para algunos socios «será difícil» votar a favor de unas cuentas que recogen un alza del 25,8% en defensa.