jueves. 08.12.2022
Congreso

El Gobierno saca adelante el decreto de la Justicia gracias a PNV y ERC

El ministro Campo consigue el respaldo de PNV y ERC pero Ciudadanos se descuelga con duras críticas al "plan de choque"
El diputado de ERC Joan Capdevila (i, detrás) conversa con la diputada de Vox Macarena Olona en presencia de su compañero de formación Gabriel Rufián. MARISCAL
El diputado de ERC Joan Capdevila (i, detrás) conversa con la diputada de Vox Macarena Olona en presencia de su compañero de formación Gabriel Rufián. MARISCAL

El Gobierno consiguió este miércoles sacar adelante su "plan de choque" en la Administración de Justicia para hacer frente a la resaca de la Covid-19 en los juzgados y tribunales. Los apoyos de PNV y ERC, socios preferentes en la investidura de Pedro Sánchez, permitieron que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, salvara el obstáculo legislativo con solo dos votos por encima de la mayoría. La nota reseñable es que Ciudadanos, que la semana pasada respaldó la prórroga del estado de alarma, se desmarcó del real decreto con un "no" y duras críticas al ministro.

En estos nuevos tiempos para Ciudadanos, Inés Arrimadas justificó que su partido debatirá cada asunto que se tramite en la Cámara Baja, pero "en este caso el Gobierno no ha accedido a cambiar una serie de cuestiones que eran importantes", por lo que no respaldó el plan temporal para reactivar la actividad judicial.

El portavoz de los naranjas en el Congreso, Edmundo Bal, fue especialmente crítico con la negociación del ministro Campo, al que acusó de querer amedrentar a los funcionarios con un plan a todas luces "insuficiente". El diputado explicó que su formación venía al Parlamento a hacer "política útil", de "mano tendida para exigir consenso y responsabilidad pero en ningún caso secundar decisiones unilaterales" como la que ha llevado a cabo Campo.

Los portavoces de Justicia de PNV y ERC, por su parte, fueron más pragmáticos y apoyaron el real decreto porque las circunstancias actuales lo requiere, aunque exigieron al ejecutivo más compromisos efectivos para la Justicia en el plazo de tramitación de la medida como proyecto de ley.

Otro grupo que se mantuvo en el "no" al Gobierno fue Junts per Catalunya. Su portavoz Jaume Alonso-Cuevillas, a la sazón abogado de Carles Puigdemont, consideró el proyecto como "un brindis al sol sin ninguna eficacia práctica", mientras que la CUP, PP y VOX reiteraron su rechazo con los argumentos que ya dieron la semana pasada en la Comisión de Justicia.

A estos partidos se sumó la mayoritaria oposición de agentes jurídicos como los abogados, a través de sus respectivos colegios, o los procuradores. La razón es que el plan de choque incluye la habilitación laboral del periodo que va del 11 al 31 de agosto para mitigar la suspensión de la actividad judicial ordinaria desde el pasado 14 de marzo, con la entrada en vigor del estado de alarma. Uno de los motivos alegados también por Ciudadanos.

Juicios telemáticos y jornadas vespertinas Esta misma semana tanto el Consejo General de la Abogacía como los Procuradores aplaudieron el anuncio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que instaban a los jueces y magistrados a concentrar en el mes de agosto sus vacaciones. Un claro gesto contra esta propuesta concreta del Ministerio de Justicia.

El real decreto-ley para evitar el "colapso" de los juzgados fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril. La propuesta desarrolla un amplio paquete de medidas para reactivar la actividad de estos órganos a la vez que trata de asegurar la salud de trabajadores y justiciables por la pandemia de la Covid-19.

El plan incluye aportaciones de la Fiscalía, del propio CGPJ o de la Abogacía Española, que ha tenido que hilar muy fino por el malestar de los colegios de abogados. Destacan los juicios telemáticos, el refuerzo de la tramitación digital, de los juzgados especializados en aquellas jurisdicciones más afectadas por la crisis sanitaria y se habilitarán las jornadas vespertinas. Los 178 votos a favor del real decreto, que contó con 161 'noes' y 10 abstenciones, permitirán poner en marcha estas medidas.

El Gobierno saca adelante el decreto de la Justicia gracias a PNV y ERC
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