Diario de León

Interior fía a un operativo policial tibio garantizar el voto en Cataluña

Los servicios de información de Interior y del CNI creen que los ‘indepes’ se han cansado

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Melchor Sáiz-Pardo | Madrid
León

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La operación Icaro, el despliegue del Ministerio del Interior para apoyar a los Mossos d’ Esquadra en labores de seguridad pública en Cataluña tras la sentencia del ‘procés’, movilizará desde hoy y durante el fin de semana electoral a algo menos de 3.000 funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se trata de prácticamente la mitad de agentes que el Gobierno central envió a Cataluña en el operativo Copérnico-Avispa’para intentar abortar el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017. Interior ha decidido no tirar la casa por la ventana en Cataluña y limitar el despliegue después de que los analistas del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska hayan apuntado en los últimos días a una «desescalada» en el grado de conflictividad en las calles catalanas.

Según los informes de los servicios de información de Interior y del CNI, la movilización independentista empieza a dar muestras importantes de cansancio cuando están a punto de cumplirse cuatro semanas del día en que se hizo público el fallo del Supremo. Los análisis policiales destacan que el pasado lunes el independentismo, a pesar de sus llamamientos masivos durante días, solo logró movilizar a una 3.000 personas en la protesta contra la presencia de la Familia Real en Barcelona para la entrega de los premios Princesa de Girona.  

Aun así, admiten en los informes, hay inquietud por lo que pueda ocurrir particularmente en la jornada de reflexión. Para el sábado, Tsunami Democràtic, la plataforma que llamó a la toma de El Prat horas después de conocerse la sentencia y que es investigada por terrorismo en la Audiencia Nacional, ha convocado movilizaciones, que, no obstante, ha ido modulando y suavizando tras los avisos del Gobierno de que los que participen en estas protestas pueden enfrentarse a penas de cárcel. Al final, Tsunami ha llamado a participar el sábado en unos 200 actos de marcado carácter festivo o cultural y ha pedido a sus activistas que el domingo dejen votar con tranquilidad.  

Para intentar conjurar cualquier amenaza, Interior y los Mossos tendrán disponibles un total de 12.000 agentes durante el fin de semana. Por parte de la Policía Nacional estarán disponibles un total de 37 grupos de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios) llegados de toda España a Cataluña (Para el 1-O fueron enviados 41). Son unos 1.500 agentes, lo que supone el 75% de los antidisturbios de todo el cuerpo en todo el país. A ellos se sumarán unos 400 agentes de las Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la hermana pequeñas de las UIP.  

Estos funcionarios no deberían salir a la calle, como tampoco deberían abandonar sus cuarteles y hoteles el millar largo de agentes de la Guardia Civil procedentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS, antidisturbios) y de las Unidades de Seguridad Ciudadana (Usecic).  

El grueso de despliegue en Cataluña para las elecciones correrá a cargo de los Mossos. La policía autonómica tiene previsto un operativo idéntico a cualquier otra elección. Se destinarán 8.000 agentes de seguridad ciudadana. A ellos hay que añadir un millar de las dos unidades antidisturbios del cuerpo autonómico (Brimo y Arro).  

La policía catalana ha establecido que todos los colegios electorales tengan vigilancia policial, en algunos casos estática y en otros dinámica, y no espera que se produzcan incidentes relevantes.  

El dispositivo será ejecutado por agentes de los Mossos, aunque se mantiene la coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos efectivos solo actuarían en un contexto de «incidencia global».  

El PP ha interpuesto ayer un recurso ante la Junta Electoral Provincial contra las «reuniones y manifestaciones» convocadas por Tsunami Democràtic en la jornada de reflexión, al considerar que tienen como objetivo «incidir» en las elecciones y «favorecer» a las candidaturas independentistas.  

El recurso, interpuesto en las cuatro provincias catalanas, exige al árbitro electoral la disolución de las concentraciones y actos que contengan «lemas, símbolos, proclamas, declaraciones o actuaciones en defensa de las ideas o propuestas exclusivamente defendidas y representadas por algunas candidaturas».

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