La Junta aprueba 112 millones para amortiguar los daños en las empresas

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Castilla y León aprobó ayer una dotación de 112 millones de euros para la mejora de la competitividad y la innovación de las empresas ante la crisis propiciada por el coronavirus.

Lo anunció el vicepresidente y portavoz de la Administración autonómica, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que advirtió que las empresas de la Comunidad se enfrentan al «año más difícil».

Con estos 112 millones, se trata de complementar los cien millones de euros ya habilitados para propiciar la liquidez de las empresas ante los daños económicos derivados de la pandemia.

Según reveló, el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) hará llegar a las empresas 82 millones de euros en ayudas y 30 millones mediante préstamos participativos o en aportaciones al capital de las sociedades.

La Comisión de Asuntos Económicos de la Junta autorizó también ayudas a las industrias agroalimentarias y forestales por valor de 92 millones de euros, en las que se dará prioridad a las afectadas por las crisis del coronavirus, según subrayó Igea, en un momento «muy delicado» y cuando «resultan un servicio esencial».

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó una transferencia de crédito por cerca de 6 millones de euros para cubrir los gastos derivados de las subvenciones a empresas en innovación y desarrollo tecnológico y apoyar a la sociedad de garantía recíproca Iberaval con 6 millones de euros para que ayude a las empresas.

Además, acordó adelantar 27 millones a las entidades locales para otorgar liquidez a los municipios para que puedan utilizarse en la lucha contra las consecuencias de la crisis, y a la Consejería de Familia 1,2 millones para situaciones de emergencia social ante el Covid-19.

En otro orden de cosas, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sitúa a Castilla y León entre las comunidades autónomas que cooperan con el Ejecutivo central a través del trasladado de los datos de expedientes de regulación de empleo (Erte). En la misma dinámica de cooperación señaló a País Vasco, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, Aragón, La Rioja, Cataluña, Asturias y Navarra.

Por contra, apuntó que no cooperan Galicia, Canarias o Andalucía y, por tanto, el Gobierno no tiene constancia de datos de Erte en estas comunidades. De hecho, en la rueda de prensa para valorar los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, Díaz reconoció que no todas las comunidades autónomas están cooperando dando datos de los expedientes, por lo que puede ser que la cifra global sea más elevado que los 246.335 expedientes de los que sí tienen constancia.

La ministra informó al respecto de que ser han registrado ya al menos los 250.000 Ertes por la crisis del coronavirus y se han concedido unas 620.000 prestaciones públicas por desempleo.

Casi 5.500 Ertes en León

Hasta ayer, la Junta había recibido ya 27.809 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que afectan potencialmente a 154.508 trabajadores, según informó ayer la Consejería de Empleo e Industria. En León se han presentado ya por culpa de la pandemia 5.485 Ertes que implican a 19.237 personas. Solo Valladolid, con 6.046 empresas involucradas y 26.330 afectados, además de Burgos, con 4.198 y 29.193, presentan un panorama más desolador.