La Junta rechaza iniciar la desescalada hasta pasar una semana sin contagios

Castilla y León rechaza tajantemente comenzar un periodo de desescalada de las medidas de confinamiento y considera que el momento para hablar de esta situación será cuando, por ejemplo, se pase como mínimo una semana sin que se produzcan nuevos casos, ya que la meseta de la pandemia no ha llegado y las consecuencias podrían ser «catastróficas».

El vicepresidente de la Junta, Franciso Igea, que representará a Castilla y León dentro del comité de expertos que el Gobierno va a poner en marcha con el fin de abrir un periodo de desescalada sanitaria, social y económica, explicó en rueda de prensa telemática que va a trasladar al Gobierno que «no es el momento» de hablar de desescalada y que hacerlo ahora es «precipitado».

«Ni siquiera hemos llegado a la meseta del número de casos. Es verdad que el incremento es cada vez menor y que empezamos a tener un balance positivo entre altas e ingresos que nos permite pensar que estamos en una situación que va a tender hacia la estabilidad y posteriormente hacia el descenso gradual, pero no es el momento», declaró Igea.

El motivo es que si ahora se entrase en una situación de desescalada o de relajación en las medidas de confinamiento, podría producirse en 10 o 15 días un rebrote que pillaría al sistema sanitario «absolutamente exhausto» y con las UCI extendidas justo en el límite de su capacidad, lo que podría originar una «catástrofe», ha dicho.

Y ha remarcado que no se puede volver a una estrategia de «descongelamiento» de las medidas de confinamiento «hasta que no hayamos hecho una copia de material para al menos 8 semanas».

De este modo, Igea ha urgido al Gobierno a convocar el comité de expertos autonómicos para comenzar a evaluar las medidas necesarias.

El vicepresidente ha indicado que antes de hablar de la desescalada es necesario tener la capacidad para realizar test masivos -que ahora mismo no ocurre- para poder distinguir quienes han pasado la enfermedad y quienes están inmunizados, por lo que ha defendido la puesta en marcha de un carnet de inmunidad que permita a la población que ya está inmunizada poder moverse.

También ha apostado por mejorar la trazabilidad de los contactos, algo que pasa por utilizar las tecnologías del siglo XXI -aplicaciones móviles- que usan sistemas de geolocalización y que sirven para informar a quienes han estado cerca de un positivo para que se realicen un test.

Por otra parte, el vicepresidente Castilla y León ha explicado que planteará al Gobierno que las medidas de confinamiento deben hacerse con «segmentación territorial» ya que «no es posible, ni es razonable, que en este escenario todas las medidas se apliquen a la vez en cualquier parte del territorio independientemente de sus tasas de infección acumulada o de progreso», ha dicho.

Así, ha opinado que las comunidades autónomas «deben tener la capacidad de decretar estos confinamientos» y ha ejemplificado las medidas que la Junta de Castilla y León puso en marcha al comienzo de esta pandemia en Miranda de Ebro (Burgos), que ahora se encuentra en buena situación.

«Y eso no se puede hacer desde el Gobierno central con una lentitud en su respuesta», remata.