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Justicia traslada a asociaciones su plan de volver a la normalidad en septiembre

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El Ministerio de Justicia ha comunicado a las asociaciones de jueces y fiscales su objetivo de recuperar la normalidad en los juzgados en septiembre, aunque siempre a expensas de la evolución de la emergencia sanitaria, según estos colectivos. Es una de las conclusiones que han extraído los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y de las tres de fiscales de la reunión telemática mantenida este miércoles con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y la directora general para el Servicio Público de la Justicia.

En el encuentro, informan las siete asociaciones en un comunicado conjunto, el Ministerio les ha comunicado los planes de desescalada para el sector. Justicia, señala el comunicado, ultima un anteproyecto de ley de eficiencia procesal que prevé presentar la primera semana de junio. Entre otras medidas, en ese proyecto hay una «apuesta decidida por los medios alternativos de solución de conflictos», como la mediación extrajudicial.

A expensas de la evolución de la emergencias sanitaria, la «idea» del Ministerio, prosigue el comunicado, es recuperar la normalidad en septiembre, mes a partir del cual «están previstos planes de choque y de refuerzo en coordinación» con el CGPJ y la Fiscalía y «la entrada en funcionamiento de nuevos órganos judiciales».

Los altos cargos del Ministerio también han informado de la reanudación el 4 de junio de los plazos procesales, suspendidos por la crisis sanitaria, tal y como figura en el decreto de prórroga del estado de alarma. Según las asociaciones, la semana que viene se podría avanzar a la fase 2 de desescalada de la Justicia, que contempla la incorporación del 60 o 70 % de la plantilla con turnos de tarde, y que se extenderá previsiblemente dos semanas, a la espera de la reunión de la Comisión de Coordinación de la crisis del Covid-19 en la administración de Justicia prevista para el próximo viernes.

En dicha comisión participan, junto al Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las doce comunidades autónomas con competencias transferidas.

Según las asociaciones, en la reunión se ha asegurado que se garantizará la adecuada protección de todo el personal, profesionales y también del público en general en las sedes judiciales y fiscalías.

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