Diario de León

Renta mínima

Más de 53.000 leoneses ganan menos del límite establecido para acceder a las ayudas

El Ingreso Mínimo Vital rescatará a los ciudadanos que queden sin ingresos, pero no se ha coordinado con las autonomías

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El Consejo de Ministros tiene previsto abordar en su reunión de mañana un primer paso del Ingreso Mínimo Vital, un ingreso ‘puente’ hasta que se perfile y apruebe el definitivo, que se espera para dentro de tres meses. La emergencia social que está provocando la pandemia del coronavirus impulsa la aprobación de medidas para crear un escudo económico y social con el que el Gobierno se ha comprometido a «no dejar atrás a nadie». Algo especialmente complejo cuando la Gran Recesión (que comenzó en 2008) y la posterior recuperación que estaba asentándose han dejado una brecha social de riesgo de pobreza y exclusión laboral que ya amenazaba con convertirse en estructural.

De momento este ingreso mínimo tiene como objetivo urgente rescatar a los hogares que se han quedado sin recursos y no pueden acogerse a ninguna de las otras medidas aprobadas. A falta de concretar cómo será esta ayuda (que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha dicho que se regulará para las familias según cada caso y necesidad), beneficiará especialmente a los parados que se hayan quedado sin prestación y a los trabajadores de la economía sumergida que ahora no tienen ingresos, entre otros colectivos vulnerables.

Hace unos meses los informes realizados para diseñar esta ayuda social de renta básica señalaban que acogería a alrededor de 1,8 millones de personas en todo el país. Ahora el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, adelanta que beneficiará a unos 5 millones.

Francisco pidió ayer un salario universal para los «trabajadores más humildes y sin derechos»

A la espera de conocer realmente los efectos del parón económico provocado por la crisis sanitaria, incluso de saber cómo, cuántos y cuándo tienen posibilidad de acogerse a las medidas establecidas, lo cierto es que la economía leonesa había asentado ya a un numeroso grupo de trabajadores con ingresos muy bajos, que creció con fuerza durante la recesión económica y no consiguió en buena parte salir de esta precariedad con la recuperación.

Un indicador puede ser la ganancia que declaran los trabajadores contratados a la Agencia Tributaria. En los datos de la declaración de 2018 se refleja que más de 53.000 asalariados ganan menos de 7.775 euros anuales, el límite que se establece para calcular las ayudas y subvenciones sociales para las personas que necesitan apoyo económico.

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el índice de referencia para asignar los subsidios en España en función de los ingresos que se tienen (y que facilita el acceso a servicios y ayudas a las familias más desfavorecidas) se sitúa este año en un máximo de 7.680 euros de ingresos al año. En 2018 eran 7.520 euros.

Los datos de las declaraciones de renta que ofrece Hacienda se refieren a los trabajadores que cobran un sueldo, los que están trabajando por cuenta ajena. Hay más de 23.000 en la provincia que de media ganan ese salario límite que marca el Iprem; pero hay otros más de 30.000 cuyos ingresos anuales declarados apenas superan los 2.000 euros. Entre los dos grupos son casi el 31% del total de los asalariados de la provincia, que son casi 28.000 menos que antes del inicio de la recesión pero que se estaban recuperando en los últimos ejercicios. El último dato de las declaraciones a la Agencia Tributaria les situaba en 173.935, con un salario medio anual de 18.842 euros.

LOS MÁS VULNERABLES

Entre los colectivos más vulnerables desde el punto de vista económico están los parados de larga duración y los jóvenes, de hecho según Hacienda los alrededor de 15.000 menores de 25 años que están contratados en la provincia declaran unos ingresos anuales que no llegan a los 6.500 euros.

La renta mínima que los sindicatos UGT y CC OO hicieron llegar al Congreso a través de una Iniciativa Legislativa Popular, y que estudió el ministro Escrivá al frente de la Airef, pretendía unificar los distintos modelos de ayuda básica que existen en el país en función de la autonomía, y establecer un sistema único y consensuado, que evitara las diferencias tanto en las condiciones de acceso al subsidio como en la duración y cuantía del mismo.

En todo caso la medida de urgencia que ahora se ultima no se ha negociado con las autonomías, que mantendrán sus propios sistemas. Y tampoco cuenta con el apoyo de todos los agentes sociales: Iglesias consiguió el respaldo sindical y de algunas organizaciones, pero provocó el rechazo patronal, que acabó plantando a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando convocó a la Ceoe para bendecir la medida.

La necesidad de apoyar a todo un colectivo de personas hoy más que nunca en riesgo de pobreza y exclusión por el terreno desconocido al que lleva la crisis sanitaria del Covid-19 parece estar por encima de todas estas diferencias. Incluso el papa Francisco se sumó ayer a la petición de una renta que permita sobrevivir a los más débiles. Propone un salario universal para los trabajadores más humildes y sin derechos, en una carta enviada ayer a los movimientos y organizaciones populares en estos momentos de pandemia de coronavirus.

«Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente», denuncia Francisco en la carta. Y explica que las dificultades del confinamiento son mayores «cuando la vivienda es precaria» o se «carece de un techo», cuando se vive «el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja», como sufren los trabajadores y las trabajadores «independientes o de la economía popular». Francisco cita «los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado», y que «no tienen un salario estable para resistir este momento».

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