El presidente de la Junta respalda sin fisuras y otros líderes del PP discrepan
El cerrojazo se discutía desde hace días. Varias comunidades autónomas y la oposición reclamaban persistentemente al Gobierno endurecer el confinamiento para frenar la expansión del Ccovid-19. Pero la decisión no se tomó hasta el sábado, tras celebrar el presidente sendas reuniones con el comité científico y el comité de gestión técnico del coronavirus. A diferencia de la semana anterior cuando Pedro Sánchez comunicó primero a los gobernantes autonómicos su decisión de prorrogar el Estado de Alarma, esta vez prefirió anunciarlo antes a la opinión pública.
El giro sorprendió a los territorios que, a pesar de que acogieron en su mayoría la medida con entusiasmo, mostraron este domingo sus discrepancias con el Ejecutivo por decretar la paralización de la actividad no esencial del país sin contar con ellos. Tampoco agradó a los presidentes autonómicos que Sánchez diese ese paso tras haberse negado a hacerlo hasta el mismo viernes y, además, con muy poco margen desde el anuncio hasta la entrada en vigor.
En la tercera reunión de los líderes autonómicos en esta crisis, la crítica la encabezó el lehendakari Iñigo Urkullu, que reprochó al presidente que el encuentro tuviese un carácter «meramente informativo y no deliberativo» al trasladarles decisiones «ya consumadas y no consultadas». Volvió a chocar con Sánchez en la aplicación de las medidas restrictivas para frenar el avance de la pandemia.
El lehendakari defendió en cambio que había alternativas «menos lesivas» para la actividad económica. Una propuesta que comparte el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que exigió conocer el real decreto al detalle antes de que fuese publicado en el Boletín Oficial del Estado para evaluar el impacto en cada sector. El gobernante gallego solicitó, además, que se permitiesen 24 horas de moratoria a las industrias para organizar el cierre. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidió «más tiempo» para implementar el cierre empresarial.
Pero no hubo unanimidad entre los gobernantes autonómicos del PP. El mandatario de Murcia, Fernando López Miras, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se desmarcaron de las críticas de sus compañeros de partido y respaldaron sin fisuras la medida del Gobierno, que ambos habían pedido la semana pasada.
Torra aplaude
En esta ocasión, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aparcó a un lado las críticas y aplaudió la decisión del Ejecutivo de atender al confinamiento total que el Govern viene demandando desde hace más de dos semanas. Eso sí, el catalán pidió acompañar el parón de un plan de medidas económicas y sociales que dé «seguridad y confianza» a pymes y autónomos, además de suspender el pago de suministros básicos —luz, agua, gas— y ampliar las condiciones para que las empresas puedan acceder a los Erte. Sánchez también contó con el apoyo del aragonés Javier Lambán y del castellano manchego, Este último, Emiliano García-Page, apostó por incrementar la cooperación y las consultas con las comunidades. «Hay muchas cosas en las que podemos dar opinión y puede ser muy útil», aseveró.
Pese a las críticas, el Gobierno defendió que no hará diferencias entre comunidades. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, defendió que será el Gobierno el que adoptará «medidas homogéneas» para todos, e insistió en que la «unidad de acción» es «imprescindible y fundamental» para combatir la pandemia del coronavirus. La también ministra de Hacienda reclamó un «esfuerzo compartido» y la necesidad de que exista una coordinación.