El primer juicio presencial sirve para abordar la falta de Epis a los sanitarios

Con las puertas abiertas, capuchones de plástico sobre los micros, mascarillas y distancia entre las tres personas que acudieron como público, el juzgado de lo Social número 1 de León celebró ayer el primer juicio presencial de la era Covid. En el estrado, la demanda del Colegio Oficial de Médicos de León contra la Consejería de Sanidad por no haber protegido suficientemente a los profesionales en la lucha contra un virus intruso y agresivo, que infectó a un 27% de la plantilla de sanitarios, frente a países cercanos como Italia (con un 10%), Francia (un 2%) o Portugal (un 1%).

El letrado de la defensa reconoció que se produjo un problema «puntual» de suministro de equipos de protección individual (Epis) cuando el Gobierno central gestionaba en exclusiva en marzo la compra de ese material en un mercado desabastecido. Por eso entiende que el Estado debería figurar como codemandado.

También considera que el juzgado de lo Social no es competente en el asunto al tratarse de un procedimiento de conflicto colectivo y al restringirse a una sola provincia cuando «es cuestión de varias y, por tanto, de la Audiencia Nacional». No ve tampoco legitimado al Colegio de Médicos, «que no es un sindicato», para instar ese tipo de demanda ni para representar a todo el conjunto de sanitarios.

El letrado de la entidad colegial, José Luis Celemín, le aclaró que «sería egoísta decir prepare mascarillas sólo para los médicos», porque todos los profesionales de otras categorías han estado dando la batalla contra el Covid-19, y el Colegio de Médicos «es garante de sus colegiados, pero también de la salud pública de todos los ciudadanos», de ahí que incluyan en la demanda a toda la plantilla sanitaria que se ha visto afectada por falta de medidas de protección en la pandemia.

Recordó que el procedimiento se sustancia siguiendo el auto del propio juzgado de lo Social que respaldó las medidas cautelarísimas que solicitó el colegio para que Sanidad facilitara Epis suficientes en 24 horas a los sanitarios, y después de constatar «que se incumplen» y que se sigue poniendo «en grave riesgo» la salud de los trabajadores de la Sanidad y de los propios ciudadanos, lo que vulnera la ley de prevención de riesgos laborales.

En ese sentido, también valora como escaso el seguimiento de los posibles contagiados con test y pruebas moleculares. Según los datos que publicaba ayer mismo el portal de transparencia de la Junta, sólo se han efectuado PCR al 37,18% de los 7.974 trabajadores del Sacyl en León, aunque el abogado de la Junta insistió en el elevado número de pruebas diagnósticas practicadas. Según se expuso, el informe del Hospital señala tres momentos de desabastecimiento de batas desechables, pero «el objeto no es si se ha dotado o no al personal sanitario de Epis, sino si la Administración ha hecho todo lo suficiente», indicó.

El Colegio de León es el único de España que demanda a la Administración. A la salida del juicio, que se prolongó durante hora y media, su letrado explicó que con ella no persiguen «indemnizaciones, sino garantizar que se cuida a quienes nos están cuidando y están realizando un esfuerzo extraordinario sin las suficientes medidas de protección».