Prostitutas del miedo y la miseria

ana gaitero | león

En los muchos años que lleva ejerciendo como policía especializado en delitos de proxenetismo y trata de seres humanos no había asistido a una escena igual. «Ver sus caras fue sobrecogedor». Las seis mujeres nigerianas esclavizadas como prostitutas en la margen derecha del Bernesga por una red de trata vivieron su liberación «con auténtico pánico».

Los policías de la Brigada Provincial de Extranjería de León entraron en el piso y se toparon con seis altares. En cada uno había una foto. Uno a uno los policías contemplaron en papel los rostros de las mujeres que habían visto aterrorizadas al comenzar la operación. El ritual del vudú las tenía atadas a la prostitución callejera y a una deuda para pagar el sueño de llegar a Europa.

Al ver a la policía temen por sus familias. Sus tratantes conocen su vida con pelos y señales y saben donde encontrar a sus padres, hijos o hermanos. Salen de Benin, la capital del país, a ‘apañarse’ y acaban recluidas en un piso y sin apenas conocer la ciudad en la que son prostituidas. Una chica que fue derivada a Cáritas desde el programa Lua de Aclad, dedicado a la atención sociosanitaria de personas que ejercen la prostitución, no sabía ni llegar a la Catedral. «Sólo viven para salir cada tarde-noche y hacer la calle donde les asignen, son mercancía», afirma Vicente Guillán.

Las víctimas de trata están controladas desde su lugar de origen y atadas a deudas cuantiosas que van desde 10.000 a 30.000 euros y a veces incluso más, según los expertos, haciendo la calle, explotadas en clubes o rodando por pisos de una provincia a otra. Desde felaciones por 8 euros a ‘completos’ por 50 euros y media hora de su tiempo. Sus cuerpos son máquinas de hacer dinero.

En la provincia de León cerca de treinta mujeres han sido liberadas desde que en 2010 entró en vigor la ley de trata que introdujo el artículo 177 bis del Código Penal. Een una docena de operaciones se han practicado otras tantas detenidos, según datos recopilados por este periódico entre las operaciones llevadas a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Sin embargo, tan sólo cuatro mujeres están reconocidas como víctimas de trata para explotación sexual por la Secretaría de Estado de Seguridad en los últimos cinco años. Dos de 2014 y otras dos de 2015. Desarticular una red de trata es muy complejo y lograr que las mujeres admitan que son víctimas es uno de los escollos más difíciles de sortear para las fuerzas policiales.

El silencio y la negación se sustentan en el miedo y en la ignorancia o los valores culturales. El vudú es el mecanismo de control más eficaz para las africanas. Los rituales del yu-yu son las cuerdas que atan a estas mujeres a la prostitución sin necesidad de cadenas. La ceremonia, que se realiza con mechones de cabello o del pubis de las mujeres y la ingesta de corazones de pollo y whisky, imprime un contrato más fuerte que cualquier papel firmado ante notario. Saben que si no se cumplen para pagar su deuda, en torno a los 30.000 euros, ellas y su familia corren serio peligro.

En el caso de las rumanas, otro grupo de mujeres que destaca entre las traficadas, es la familia y, generalmente sus parejas, quien las introduce en la red de la prostitución. Las sudamericanas —actualmente Colombia, Paraguay, Brasil son los principales países de procedencia— son presas del miedo por sus familias y al igual que el resto de la pena económica, que es difícil de saldar porque al llegar a España va aumentando con gastos de comida, alojamiento, etcétera.

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es un gran negocio que mueve la abrumadora cifra de 32 billones de dólares al año en el mundo y afecta a tres millones de personas. En provincias como León no genera alarma social, pero la policía sospecha que muchas de las mujeres que se dedican a la prostitución son o han sido víctimas de trata.

¿Cómo probarlo y perseguir el delito? «Es difícil y complicado abordar la trata porque es un delito muy oculto. Hay que buscarlo y hacer un esfuerzo previo muy importante», alega Julio Crespo, inspector jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.

«La víctima en una primera entrevista no va a reconocer que lo es», añade Juan Carlos Fernández, sargento de la Unidad de Delitos contra las Personas de la Guardia Civil. Pero aunque una mujer no quiera denunciar se actúa de oficio si se encuentran elementos delictivos.

Las investigaciones pueden arrancar con la denuncia de una víctima o incluso de un cliente. La Brigada de Extranjería de la Policía hace inspecciones rutinarias, muchas veces en combinación con inspecciones de trabajo. La Guardia Civil asegura que periódicamente también se presenta de improviso en los locales de alterne. Action y colaboración con Europol tienen en el punto de mira la trata de seres humanos. Visitas que no son posibles en los pisos, a donde se ha desviado una parte importante de la prostitución con la crisis. «En un piso no podemos entrar sin orden judicial», alegan.

Por el contrario, las intervenciones que hace Aclad a través del programa LUA, atención socio sanitaria y jurídica a personas en situación de prostitución, son mayoritariamente en pisos. De las 72 registradas el año pasado 46 fueron en pisos, 23 en clubes y tres en la Avenida Sáenz de Miera.

En León se ha pasado de 33 a 12 clubes y el número de mujeres ha disminuido considerablemente: de 12 o más mujeres a cinco. Algunos combinan el club, que abren en fines de semana, con el piso.

Algunos de los signos que llevan a las fuerzas de seguridad a sospechar de casos de trata son de manual. El lenguaje gestual y corporal puede delatar el miedo, pero que no tengan la documentación en su poder es una señal casi inequívoca de que puede existir trata. Incluso que no lleven las uñas bien pintadas es un signo, en determinadas nacionalidades, de que no manejan su dinero.

Otro indicador de que las mujeres no estén ejerciendo libremente la prostitución es que trabajen y duerman en el mismo sitio. También se vigila si existen «excesivas medidas de seguridad en los locales, como inhibidores de frecuencia», añade Fernández.

Que las mujeres contesten con respuestas aprendidas cuando son entrevistadas e incluso determinados tatuajes y accesorios... Todo se escucha y se mira con lupa.

Pero el testimonio de las mujeres es decisivo. Tienen la posibilidad de acogerse a un programa de protección de víctimas durante 90 días después de que se produce la operación, de acuerdo con el artículo 59 bis de la ley de extranjería. La mayoría no lo hace, pero hay casos. «No es sólo detener y localizar a la víctima, hay que identificar y localizar a los autores y compatibilizarlo con la protección a la víctima», explica el agente de En muchas de estas operaciones intervienen no sólo las fuerzas locales, sino las brigadas especializadas de cada cuerpo a nivel nacional.

La dificultad para que reconozcan que son víctimas es tan grande que a veces «cuanta más presión se ejerza menos posibilidad hay de llegar a un ‘final feliz’», añade Crespo. «Son redes transnacionales en las que intervienen diversas figuras, desde los captadores en los lugares de origen, quienes realizan los traslados y los que finalmente realizan la explotación sexual o laboral.

«El problema es que las víctimas no se consideran víctimas y los malos somos los policías», explica el inspector jefe de la Policía. Para llegar mejor a ellas, tanto la Policía como la Guardia Civil han creado la figura de los interlocutores sociales para trabajar más de cerca con las organizaciones sociales que, como Cáritas, Aclad, Cruz Roja y Accem, tienen contacto con las personas migrantes a través de diferentes programas.

Saben que lo tienen difícil. Muy difícil. Las propias víctimas se convierten en no pocas ocasiones en captadoras de nuevas mujeres en sus países de origen una vez que terminan de saldar de sus deudas. Según las estadísticas del Plan Nacional de Trata el 62% de las personas que consiguen convencer a las víctimas son mujeres. Una conducta que se da especialmente entre las nigerianas.

Ni siquiera tienen conciencia de que hacen algo malo. Lo ven como algo normal. Antes yo y ahora tú. Es una de las consecuencias de la «cosificación» que sufren las personas que han sido sometidas a trata.

Mujeres extranjeras y sin papeles (el visado de turista caduca) hace que su situación sea todavía más vulnerable. «Generalmente es muy difícil probar que las tengan encarceladas, pero es evidente que no tienen puerta para salir de esa situación», afirma el director de Cáritas de Ponferrada, José Antonio Prada. La entidad gestiona el programa Amanecer de atención a personas en situación de prostitución desde hace dos años.

Con 232 personas atendidas, mujeres en su mayoría, en 2016, sus mayores esfuerzos se centran en el asesoramiento legal y la atención sociosanitaria. Sin papeles, en Castilla y León, no tienen acceso a la tarjeta sanitaria. «En Galicia al poco tiempo de llegar les dan la tarjeta sanitaria», señala Prada.

En Aclad tienen el programa Lua desde 1998. El año pasado atendieron a 279 personas, casi todas mujeres. El perfil tipo es de una mujer extranjera con una media de 35 años, estudios primarios, desempleada y con algún empleo anterior e hijos a cargo. Hay mucha movilidad. El 70% utilizan los servicios de LUA (preservativos, consultas médicas, etc) entre una y tres veces al año como máximo.

También hay españolas (16% entre las usuarias de Aclad) y transexuales. De hecho, en León se desmanteló en 2010 una trama de trata para la explotación sexual de transexuales con origen en Brasil y ramificaciones en España y Alemania

La prostitución masculina en el 99% de los casos es utilizada por hombres. Los casos de hombres víctimas de trata se dan más en la explotación laboral. En una operación reciente fueron liberadas una docena de personas en una explotación agropecuaria. Tampoco tenían conciencia de víctimas. Incluso estaban agradecidas a sus explotadores porque «les vendían tabaco y bebidas que a su vez iban incrementando su deuda».

Las víctimas ni siquiera se confían a las personas que trabajan en este programa. «Si acaso a posteriori nos hablan de que han sido tratadas. Incluso nosotras que tenemos contacto con ellas a veces no damos crédito de lo que sucede», apunta Noemí de la Puente.

«Algunas salen al cabo de unos meses, otras se quedan, las hay que empiezan a consumir drogas: ¿Cómo voy a aguantar todas las noches alegre y guapa?, nos dicen a veces llorando», añade la trabajadora social. «Yo no sé si los hombres pueden llegar a imaginárselo, pero es la realidad de la prostitución», añade.

«Hay que combatir el problema desde el país de origen», subraya la policía. Julio Crespo asegura que la Brigada Central de Extranjería y Aduanas trabaja en coordinación con embajadas y consulados para intentar detectar en origen cualquier atisbo del delito.

Además de quienes captan hay otros personajes que intervienen en la trama de la trata, que abarca multitud de hechos delictivos: desde atentar contra la libertad de movimientos, la libertad sexual, el trato deningrante, fiscales y relacionados con el patrimonio.

Uno de los puntos débiles que se ha observado en el plan nacional de trata es que hay que investigar más el patrimonio mediante «equipos conjuntos e intercambio de información», precisa el jefe de la Brigada de Extranjería y Aduanas en León. Mientras no se toque esa importante línea de flotación, las mafias siempre tendrán la capacidad de rehacerse después de cualquier golpe. «Si no tocas el patrimonio cambian de ruta y siguen con más fuerza», añade.

Esto explica que cíclicamente cambien los lugares de origen de las personas víctimas de trata. Tanto la Policía como la Guardia Civil consideran fundamental la colaboración de las asociaciones: «Muchos procedimientos han fallado porque las víctimas si se encuentran en situación irregular tienen miedo. Se las ofrece protección, pero ¿dónde se garantiza esa protección? Al cabo de un tiempo muchas vuelven al club porque disponen de otros recursos», precisa.

León carece de centros integrales de atención a las víctimas de trata. Puntualmente se echa mano de plazas en algunas casas de acogida de víctimas de violencia de género o personas en situación de exclusión. En Burgos, Salamanca y Valladolid se cuenta con los programas que de las Adoratrices, unas monjas de origen francés con carisma especial hacia las prostitutas.

Atender a las víctimas después de la actuación policial es otro de los retos del nuevo plan nacional de trata que está en preparación para el período 2018-2021. En León se acaba de crear la mesa para la trata, presidida por la subdelegada del Gobierno, Teresa Mata, y con presencia de los cuerpos policiales y las asociaciones. «Hay que mover conciencias. Quien usa la prostitución está contribuyendo al tráfico y favoreciendo la explotación de seres humanos», coinciden Policía y Guardia Civil.