El retraso del decreto reduce la quema de carbón en 1,4 millones de toneladas este año

El informe de la Comisión Nacional de la Energía sobre la propuesta de resolución por la que se fijan las cantidades de carbón autóctono a consumir por las eléctricas, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía que se aplicarán en el 2010 retrasa hasta el 2025 la quema de todo el stockaje que acumulan las empresas, las centrales eléctricas y el almacén de Hunosa.

El organismo supervisor establece la adquisición de unos 2,7 millones de toneladas de carbón nacional desde el 1 de noviembre, fecha prevista para aplicar el Real Decreto, hasta el 31 de diciembre de este año, que suponen 1,4 millones de toneladas menos respecto a la cifra anunciada por el Ministerio de Industria, que fijó en 4,1 millones de toneladas la cantidad de mineral que debía entrar en las centrales para la producción eléctrica. La estimación del departamento que dirige Miguel Sebastián contemplada la vigencia del marco regulador de las ayudas a partir del 1 de octubre, pero este nuevo retraso reduce en un 34% la cantidad de carbón autóctono que quemarán finalmente las centrales hasta final de año. Esta corrección engordará aún más el stockaje de carbón nacional, principal problema de las empresas para ganar liquidez.

Las productoras cerrarán este ejercicio con siete millones y medio de toneladas de carbón nacional apilado en sus instalaciones, equivalentes a la producción de los últimos nueve meses del año, desde abril, y sólo podrán entregar esos 2,7 millones de toneladas, con lo que quedará un remanente de unos cinco millones de toneladas, respectivo a las compañías productoras, y de diez millones más, correspondiente a las eléctricas y a Hunosa. El mineral amontonado sumará entonces unos quince millones de toneladas que deben reducirse progresivamente hasta la extinción de los incentivos por la utilización del carbón nacional, programada para el 2014.

La CNE propone que el «compromiso de adquisición de las centrales debería encontrarse en el entorno de los 9,2 ó 9,3 millones de toneladas anuales en el 2011-2012». De mantenerse la aplicación de este informe, las eléctricas consumirían durante este periodo 10,1 millones de toneladas al año, que reducirían en tan solo 1 millón de toneladas el stockaje y alargarían durante quince años la quema del mineral almacenado, siempre y cuando se mantenga el mismo ritmo.

El informe no es vinculante y sólo establece las cantidades máximas que deben comprar las térmicas en lo que queda de año. Si bien, entra en un escenario futuro que difiere en demasía la venta de todo el carbón que aún está pendiente de quemar. La patronal Carbunión confía en que el informe que marque las cantidades a consumir, el volumen máximo de producción y los precios de retribución del 2011 corrija esta desviación y establezca un cupo mayor para dar salida al mineral apilado en cuatro o cinco años.

El informe de la Comisión Nacional de la Energía también recoge que el coste de las ayudas para la utilización de carbón autóctono en la generación eléctrica llegará a casi seiscientos millones de euros entre el 2010 y el 2011.

Este organismo calcula que el decreto supondrá este año 89 millones de euros si comienza a aplicarse en noviembre, un mes después de lo anunciado por el Ministerio de Industria. Los gastos del próximo año se elevan a 503 millones de euros, que serán asumidos por el «pago a la capacidad».

El organismo supervisor reconoce además que la producción máxima del 2010, «si bien resulta físicamente posible, podría no alcanzarse por indisponibilidad fortuita de centrales o porque el operador del sistema no programa suficiente generación por limitaciones de seguridad».

Añade al respecto que si se mantiene un escenario similar al del 2009, la producción con carbón de importación hasta el próximo 2014 se verá reducida de «forma importante» y asegura que las centrales de ciclo combinado (gas natural) no se verían «en principio» desplazadas por la puesta en marcha del decreto.