Los sindicatos de León exigirán una auditoría y responsabilidades penales por mala gestión

Los sindicatos de León se plantean la posibilidad de exigir una auditoría y la opción de emprender acciones penales contra los responsables de la sanidad pública en León y contra la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado.

La mayor parte de los agentes sociales consultados por este periódico coincidieron en la necesidad de garantizar las condiciones de los trabajadores antes de propiciar su regreso a las actividades no esenciales. Y en la necesidad de instaurar cuanto antes el Salario Mínimo Vital, a expensas de que después de la finalización del estado de alarma, se revise su continuidad.

Enrique Reguero (UGT) reclamará la auditoría por entender que no se ha gestionado la sanidad con la debida diligencia. «Hay cosas que están fuera de toda lógica. La sanidad pública necesita una auditoría profunda y que se depuren las responsabilidades pertinentes», explicó ayer a este periódico.

Desde la Unión Sindical Obrera (USO), Carlos Quiñones es más tajante: «Hoy (por ayer) la Junta ha cambiado las cifras y parece que se busca salvar el puesto de cada uno. Nadie puede sacar pecho de que esté haciendo las cosas bien, ni Gobierno ni Junta. Estamos estudiando ir por la vía penal contra loso coordinadores y hasta contra la consejera si lo vemos oportuno», explicó ayer en declaraciones a este periódico. No fue tan tajante el presidente del Colegio de Médicos de León, José Luis Díaz Villarig, que en cualquier caso insiste en la necesidad de empezar a aplicar los tests «cuanto antes. Lo dijimos desde el principio y no nos han hecho caso».

En CC OO las cosas tienen sus matices. Xosepe Vega es más conciliador: «Los errores los valoraremos cuando acabe la situación en la que estamos y veamos de quién son las competencias. Hay casos que son infumables, como el informe de Australia. Vamos a salir de estos y luego veremos», explicó ayer por vía telefónica.