Tener trabajo no impedirá cobrar el ingreso mínimo vital del Estado
Las ayudas oscilarán entre 462 euros
El ingreso mínimo vital que el Gobierno prevé aprobar en la segunda quincena de mayo incluirá medidas para reforzar el estímulo al empleo, según el borrador que el Ministerio de Inclusión ha trasladado a las comunidades autónomas. En particular, según el documento, existirá un complemento o un incentivo a la renta garantizada para los hogares en los que uno o varios de sus miembros trabajen y obtengan ingresos salariales o rendimientos de sus actividades por cuenta propia. Aunque todavía no se ha cerrado cómo se articulará tal estímulo al empleo.
La situación de vulnerabilidad que dará derecho a percibir la renta garantizada se determinará según la capacidad económica del hogar en su conjunto y el umbral se situará en la cuantía mensual de la renta garantizada que corresponda según las características del hogar. Así, en el caso de un adulto, el límite se situará en los 462 euros mensuales, mientras que en el caso de una familia compuesta por dos adultos y dos niños el umbral se colocaría en los 1.015 euros.
El ingreso mínimo cubrirá la diferencia existente entre la suma de los recursos de que disponga el hogar y la renta garantizada que determine el decreto ley para cada tipología. La variación entre una cifra, la correspondiente a un individuo, y la otra, la de la familia, obedece a los complementos por individuo adicional en el hogar y al número de hijos a cargo. Además, se prevén «primas» por monoparentalidad de 100 euros. De modo que un hogar compuesto por un adulto y dos niños tendrá derecho, según el borrador, a una renta garantizada de 977 euros.
A la hora de valorar los ingresos, se contarán las rentas del trabajo, las del capital mobiliario e inmobiliario, las procedentes de actividades económicas o las ganancias patrimoniales. Pero, en principio, se excluirán de ese cómputo las prestaciones autonómicas, las becas, ayudas al estudio o apoyos para la vivienda. El encaje de la renta estatal con las de las comunidades autónomas es un punto complejo. Desde la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales advierten que las autonomías, ante la instalación de la futura prestación no contributiva de la Seguridad Social, pueden caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones que invierten en sus sistemas a otras políticas no relacionadas con la inclusión social .