La tramitación de la renta mínima tropieza con las ayudas autonómicas

La complejidad para poner en marcha el ingreso mínimo vital está encontrando más trabas técnicas que económicas o presupuestarias en el largo proceso de diseño y negociación que el Gobierno desarrolla desde hace semanas para tener lista la ayuda anunciada públicamente esta semana por el vicepresidente, Pablo Iglesias, pero congelada por el resto del Ejecutivo hasta su definitiva presentación. En principio, será en mayo. Salvo nuevas sorpresas. Porque el escollo se encuentra ahora en las comunidades autónomas, muchas de las cuales ya cuentan con su propia renta mínima, programas de ayudas, subvenciones y todo un abanico de opciones que condicionan su encaje con el ingreso vital que prepara el Estado.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, está abordando estos días con los gobiernos regionales cómo completar el puzzle de ayudas para que la renta mínima conviva con la de cada una de las autonomías. Su departamento era consciente de que habría que tratar esta medida con los 17 territorios, como se está haciendo, apuntan fuentes gubernamentales. "Es una prestación técnicamente muy compleja" en varios sentidos y la convivencia con las ayudas que ya existen "es uno de esos motivos" por los que la Administración Central se ve obligada a tratar con la regional antes de poner en marcha el ingreso vital.

Ahí reside buena parte de la necesidad de prolongar los plazos antes de activar la ayuda, apuntan esas mismas fuentes, aunque por ahora no les constan trabas por parte de los gobiernos autonómicos. Se trata de todo tipo de programas a los que destinan 1.500 millones de euros al año en diferentes modalidades. El País Vasco es una de las comunidades pioneras en este tipo de ayudas, con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) -una ayuda mínima de 667 euros al mes para determinados colectivos sin ingresos-, uno de los ejemplos que el propio Escrivá valoró positivamente esta semana en el Congreso, al igual que la que existe en Navarra y Asturias. El propio ministro ha aclarado que la estatal será "complementaria" y podrá convivir con las regionales, pero la forma en la que lo hagan, en la práctica, es la cuestión que tratan de aclarar desde el Ejecutivo, que no tiene una mayoría asegurada en el Congreso de los Diputados.

Con el PNV al frente del Gobierno vasco y socio imprescindible en el Congreso para sacar cualquier medida adelante con sus seis diputados, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez tantea el terreno para evitar que una de sus medidas estrella pase por complicaciones en los primeros meses cuando se ponga en vigor y no choque, por ejemplo, con la RGI vasca. También tiene que negociar con la Generalitat de Cataluña, controlada en parte por otro de sus apoyos parlamentarios claves: ERC; y sus 13 diputados en la Cámara baja. A este complejo laberinto autonómico se unen, por otra parte, las seis comunidades gobernadas por el PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia), cuyos presidentes suponen otro hándicap para el Ejecutivo al tener que abordar la renta mínima en un contexto económico y político como el actual.

Mientras Seguridad Social trata el encaje de bolillos autonómico, sus técnicos siguen perfilando las condiciones de un programa de rentas que, por ejemplo, no tendrá carácter permanente sino que se abonará a los beneficiarios mientras cumplan con los requisitos que establezca la norma en términos como los ingresos máximos anuales o la situación por la que atraviesen las familias. "Que llegue a quien le corresponde" es otro de los objetivos del departamento de Escrivá, para evitar que se convierta en un coladero de casos que no la precisen. Por eso el cruce de miles de datos con la Agencia Tributaria está siendo clave en todo el proceso de gestión de la renta mínima. Así como la definición de los "itinerarios laborales y sociales" -exigencias de formación o posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo, orientación a colectivos en peor situación-, que, como indicó el ministro en la Cámara baja, también serán claros para que la ayuda siga en vigor entre quienes la perciban desde el principio.

Todos los ministerios del área económica del Gobierno (Economía, Hacienda y Trabajo, así como Seguridad Social) reconocen ser conscientes del impacto presupuestario que tendrá la renta mínima, apuntan fuentes oficiales. Desde los 4.000 millones de euros al año estimados en su informe por la Airef -el organismo presidido por Escrivá antes de acceder al Gobierno- hasta los 6.000 millones que ya manejan en el Ejecutivo ante la actual situación económica provocada por el coronavirus. Se pagará asumiendo más deuda pública, aseguran en el Gobierno, porque se puede asumir económicamente en un contexto como el actual.