El TSJCyL augura un «colapso total» si no se amplían plantillas
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) advirtió ayer del riesgo de «colapso total» si el levantamiento parcial de las limitaciones de la actividad judicial no se ve acompañado de la adaptación de las plantillas presenciales a las nuevas exigencias. El TSJCyL, a través de un comunicado, ha argumentado que ese levantamiento parcial, contenido en el reciente Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no incluye una medida de adaptación de las plantillas presenciales a las exigencias de la nueva actividad, lo que a su juicio provocará «el colapso total de la Justicia española en muy poco tiempo». La «escasa dotación presencial» que en la actualidad sirve en las sedes judiciales no es suficiente para seleccionar entre los escritos que ingresan cuáles son de naturaleza urgente, lo cual dificulta su remisión al órgano destinatario «frustrando el derecho a la tutela judicial efectiva que ampara a todos los ciudadanos».
Medidas
El alto tribunal de Castilla y León considera que se deberían de adoptar las medidas necesarias para solucionar este problema, ya que la asistencia presencial a los órganos judiciales debe siempre acomodarse a las recomendaciones impartidas por la autoridad sanitaria y responder a la «necesidad de minimizar el riesgo de un impacto incontrolado e irreversible de la situación de emergencia extraordinaria que se sigue».
Tras analizar el escrito del CGPJ, fechado el 16 de abril, el TSJCyL ha remitido ya las alegaciones solicitadas sobre colectividades especialmente vulnerables dentro del Plan de Choque de la Justicia para paliar los efectos de la pandemia del Covid-19.
También ha recordado que muchas de las medidas de las que se solicita informar son de naturaleza estructural y su implantación ya ha sido solicitada con reiteración por el TSJCYL sin éxito alguno pese a su previsión legal. Entre esas medidas, señala la implantación de la Oficina de Atención a las Víctimas del delito o la relativa a los equipos psicosociales que asisten a los Juzgados de Familia, de Menores y de Violencia sobre la Mujer.