Valladolid y Segovia no acudirán al plan del Ministerio
La mayor parte de los ayuntamientos de Castilla y León, entre ellos los de las capitales, apuran las últimas horas antes de presentar mañana ante el Ministerio de Hacienda las facturas que tienen pendientes con sus proveedores, con el objetivo de acceder al plan de financiación del Gobierno.
La respuesta de los ayuntamientos capitalinos a este plan diseñado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se conocerá con detalle hoy, ya que los gestores de las arcas públicas municipales aún no tienen claro el volumen de fondos que pedirán, a un tipo de interés del 5 por ciento y con un plazo de amortización de 10 años.
Situación financiera. Sin embargo, hay algunos ayuntamientos que ya han anunciado que no recurrirán a este mecanismo como los de Valladolid y Segovia. Entre un extremo y otro se sitúan el resto de gobiernos municipales, con previsiones iniciales de petición de crédito por importe de 17,5 millones de euros en el caso del Ayuntamiento de Salamanca, de 15 millones de euros en Zamora -3.500 facturas-, de unos 10 millones de euros en el caso de Ávila y Soria, y 4 millones de euros para Palencia.
En el caso del Ayuntamiento de Burgos no ha trascendido la cuantía que va a pedir para financiar el pago de sus deudas con los proveedores y la darán a conocer mañana, al igual que la mayor parte de los ayuntamientos.
En la mayor parte de los casos las deudas tienen relación con el pago a las empresas que han asumido las concesiones de los servicios municipales de transporte público, recogida de basuras, limpieza, obras públicas y suministros energéticos, según las fuentes consultadas por Efe en los diferentes ayuntamientos de capital de provincia.
Para ayudar a los ayuntamientos a elaborar ese plan de ajuste, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ha abierto una oficina de atención a las entidades locales integrada por miembros de las áreas económica y jurídica de esta organización. La Femp ha recibido más de cien consultas de todo tipo.
Por otro lado, la Junta de Castilla y León también se encuentra inmersa en un periodo de análisis de la deuda acumulada con los proveedores, principalmente del ámbito sanitario, aunque su plazo llega al 15 de abril.