Las 21 trabajadoras sociales reafirman su denuncia pese a recibir presiones

El colectivo de 21 trabajadoras sociales, animadoras sociocomunitarias y técnicos del área de Servicios Sociales de Ponferrada ha decidido mantenerse firme tras su denuncia en la Inspección de Trabajo contra el Ayuntamiento que dirige el alcalde socialista, Olegario Ramón, con el apoyo político de Podemos, liderado por Lorena González más los bercianistas de Coalición por el Bierzo de Iván Alonso.

En un escrito remitido a este periódico consideran que es el momento de seguir adelante con sus reivindicaciones, que vienen arrastrando desde mandatos anteriores y que ahora es el momento de lograr su equiparación y reconocimiento laboral. por eso indican que no cederán a las presiones: «No vamos a tolerar que se efectúe sobre nosotras ningún tipo de presión, ni a nivel colectivo ni a nivel individual, para cesar en la reivindicación que 21 profesionales de esta Concejalía han tenido el valor de denunciar y que lo único que han hecho todos estos años ha sido sacar adelante su trabajo, siempre comprometidas por el bien de la ciudadanía y fieles a su vocación profesional», indican.

En el escrito consensuado por las trabajadoras sociales señalan que, ante las informaciones surgidas relativas a la denuncia que han presentado contra este Ayuntamiento «por incumplir las normas legales en materia de planes de igualdad», ponen de manifiesto las razones que les han llevado a tomar esta decisión.

Ni política, ni sindicatos

«En primer lugar, queremos dejar absolutamente claro que esta denuncia planteada ante la Inspección de Trabajo no obedece a ninguna estrategia u objetivo de carácter político o sindical, y solo persigue «la puesta de manifiesto de incumplimientos legales que conducen a la existencia y mantenimiento de situaciones discriminatorias, relacionadas todas ellas con la falta de reconocimiento e injusta valoración de las funciones y tareas desempeñadas por nuestro colectivo en el ejercicio de su trabajo», dicen.

Destacan que siempre han sido «leales y respetuosas», informando previamente a la concejala delegada de Servicios Sociales y al concejal delegado de Personal de todas las acciones que han llevado a cabo. «No es la primera vez que planteamos esta reivindicación y, hasta ahora, —precisan— ningún gobierno municipal la había atendido. Ningún Gobierno de esta ciudad, ni el actual ni los anteriores, desde el año 2007, había cumplido con la obligación de elaborar un Plan de Igualdad y garantizar los principios de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, elaborando los instrumentos necesarios para ello.

Tal como se desprende de los diferentes escritos y de la denuncia presentada, manifiestan creer «firmemente» que, por su naturaleza y contenido, las funciones inherentes a sus puestos de trabajo «están profundamente feminizadas y, como consecuencia, presentan una acusada discriminación indirecta».

discriminación femenina

«Esta discriminación se refleja claramente en el esquema retributivo de la plantilla municipal del Ayuntamiento de Ponferrada, donde un simple y primer análisis comparativo pone de relieve la existencia de una brecha salarial respecto a otros colectivos que nos perjudica claramente. Y esto ocurre, en nuestra opinión, por ocupar puestos de trabajo altamente feminizados», resaltan.

Estiman que el hecho de carecer de un Plan de Igualdad que analice y ponga de manifiesto situaciones de discriminación, «imposibilita cualquier afirmación gratuita sobre su inexistencia, a la vez que impide que se arbitren y apliquen, en su caso, las medidas necesarias para su corrección o para evitar que se produzcan en el futuro».

El colectivo de trabajadoras sociales considera que este Gobierno municipal pretende aprobar una Relación de puestos de Trabajo (RPT) «que también es obligatoria y necesaria». «La inminencia de dicha aprobación ha precipitado nuestra actuación, pues, desde nuestro punto de vista, era la última oportunidad de hacer valer nuestra reivindicación histórica. Nosotras no nos oponemos a la elaboración de una RPT, pero exigimos que se haga de una forma justa, ya que no podemos permitir que su aprobación perpetúe la injusta situación que padecemos», señalan. Consideran que deben valorarse adecuadamente todos los puestos de trabajo mediante la definición objetiva de unos criterios y su adecuada graduación, «lejos de una aplicación arbitraria e interesada. Solo desde el conocimiento real y profundo del trabajo desempeñado en todos y cada uno de los puestos se pueden valorar objetivamente cuestiones como la formación, exigencia, dificultad, condiciones, riesgo, etc., y así evitar que, de forma consciente y arbitraria, se produzcan resultados absurdos en la cuantificación de los complementos salariales de los trabajadores del Ayuntamiento de Ponferrada». Éstos, y no otros, han sido los motivos para denunciar al Ayuntamiento de Ponferrada ante la Inspección de Trabajo, indican.