El alcalde de Palacios dice que el fiscal le acusa para que no se presente más

El juicio contra el alcalde de Palacios del Sil, Roberto Fernández (PP), que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de León por un supuesto delito urbanístico, por obras de reforma en 34 refugios en las brañas del municipio, quedó ayer visto para sentencia con un último turno de palabra por parte del principal acusado en el que reivindicó su inocencia y acusó directamente al fiscal del caso de querer «acusarme, acusarme y acusarme» para que sea inhabilitado y no pueda presentarse a las próximas elecciones municipales. Una acusación que reiteró a la salida del juicio en declaraciones a este periódico y que la Fiscalía no quiso rebatir alegando, primero, que son falsas, y que los hechos son los que se han descrito en el juicio.

De los tres años que pedía la Fiscalía se ha pasado a 17 meses de prisión, seis años y 11 meses de inhabilitación y una multa de 11 meses, con una cuota diaria de diez euros, después de que otro de los acusados, el exalcalde Fernando Fernández Astorgano, llegara a un acuerdo con la Fiscalía y aceptara los hechos. La acusación que ejercen varios vecinos también se sumó a la petición en su alegato final. El otro acusado Alipio González, que fue concejal del Ayuntamiento, se enfrenta a la misma pena que Roberto Fernández.

La segunda y última jornada del juicio se centró en las declaraciones de los testigos. Entre ellos, una antigua concejala, que fue candidata del PSOE hasta en tres ocasiones y que fue una de las denunciantes y la actual secretaria, que llegó el pasado mes de abril, y que explicó que en el Ayuntamiento de Palacios del Sil existe un gran carga de trabajo, por lo que existen «muchísimos temas pendientes» por falta de personal. En todos estos años han pasado por Palacios una docena de secretarios.

El fiscal, que lleva el caso desde el inicio, hizo una exposición histórica desde que, en el año 2002, se aprobaron las normas urbanísticas de Palacios, «técnicamente impecables», a su juicio, que permitían el arreglo de las cabañas para uso ganadero en un municipio en el que apenas quedan ganaderos. El Ayuntamiento, con Orlando López de alcalde, ya fallecido, optó por hacer la vista gorda y permitir obras durante años que se solicitaban como menores para no tener que pasar por la Junta de Castilla y León. «Nadie dice nada porque a todos les interesa que no se levante la liebre», explicó el fiscal, hasta que en 2007 se presentó una denuncia.

La discusión ahora es si Roberto Fernández -alcalde desde 2017- y Alipio González, que fueron concejales con Orlando López, son responsables de que no se restituyera la legalidad como miembros de la Junta de Gobierno en octubre de 2013 cuando dieron su voto favorable para el archivo de un expediente sancionador de una cabaña en base a un informe técnico.

Según expuso el abogado defensor de Roberto Fernández, lo que se pretende hacer es una «causa general» contra su cliente cuando en aquellas fechas no era alcalde ni concejal de Obras (lo era de Juntas Vecinales), a lo que sumó el argumento de que los expedientes sancionadores en terrenos de dominio público nunca prescriben, por mucho que se intentara por el Ayuntamiento. De hecho, añadió, hay dos expedientes en marcha, ya de la época de Roberto Fernández como primer edil. «En cuanto no hay desafectación, no hay proceso. Vota a favor pero no firma el archivo del expediente. No existe prevaricación», explicó el abogado, que pidió su absolución.

La acusación puso el acento en que, a día de hoy, el Ayuntamiento sigue sin pedir ayuda a administraciones superiores para poner de manifiesto la inacción de actual alcalde. Las brañas se han convertido en Palacios en un tema de enfrentamientos y disputa política por la amenaza de que se puedan derribar cabañas reformadas como viviendas.