Tribunales
Archivada la causa por el uso de los fondos del Mundial de Ciclismo
El juzgado concluye que no se ha acreditado el delito de malversación de caudales públicos
«No hubo desvío de fondos ni se ha constatado que alguien se apropiase de dinero». La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada, que ha investigado las cuentas del Mundial de Ciclismo de 2014, ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa penal contra el equipo organizador asumiendo las conclusiones del informe pericial.
En un auto firmado el pasado martes 18, la magistrada Patricia Naves Seijo concluye que de las pruebas practicadas y los testimonios recabados a lo largo del proceso «no resulta debidamente probado la perpetración del delito» de malversación de caudales públicos y «no concurren indicios de responsabilidad criminal en los investigados» porque «no se ha demostrado un efectivo desvío o aprovechamiento irregular de fondos públicos, bien por la Fundación (municipal del Deporte) o por sus responsables»; el ex alcalde Samuel Folgueral, los ex concejales Fernando Älvarez, Emilio Cubelos y Sergio Gallardo, y Marcos Díez Bodelón, que sustituyó a este último al frente de la entidad del deporte.
La jueza entiende que, «en todo caso, las irregularidades padecidas se han solventado por vías ajenas» a la causa penal. Y añade, por tanto, que «no procede», investigar a Roberto Mendo ni a María Antonia Gancedo, concejales del PP que estuvieron al frente de la Fundación del Deporte cuando la alcaldesa popular Gloria Fernández Merayo relevó en el Ayuntamiento al bipartito de USE e IAP que llevó a Samuel Folgueral a la Alcaldía, bajo cuyo mandato se celebró la prueba ciclista.
El auto se apoya en el informe pericial, eso sí, para dejar claro que durante la organización del Mundial de Ciclismo que arrancó con el popular Carlos López Riesco en la Alcaldía hubo «una previsión demasiado optimista a la hora de calcular las aportaciones de patrocinadores», por parte de la entidad Aegis, contratada por la Fundación del Deporte. Aegis, recuerda el perito «prometió 10 millones de euros» y ante la falta de patrocinios suficientes, la Fundación del Deporte, responsable última de la organización del Mundial, tuvo que obtener liquidez para pagar a proveedores mediante préstamos del Banco de Santander y de la empresa del Transporte Urbano de Ponferrada (TUP).
El perito, recuerda la magistrada en el auto, también echó en falta «un estudio serio por todos los responsables públicos de la viabilidad económica de la organización del Mundial». Y el equipo de Folgueral, estima el perito en su informe, «no podía dar marcha atrás» en la organización del Mundial heredado porque «pendía sobre el Ayuntamiento» la amenaza de tener que pagar cinco millones de euros a la Unión Ciclista Internacional (UCI), de acuerdo con las «obligaciones casi leoninas» del contrato firmado en noviembre de 2011.
El que faltara un control del gasto que debía asumir la Fundación del Deporte —una «entidad sin solvencia» que no que podía hacer frente al pago del canon de la UCI y que en octubre de 2012 tuvo que recurrir a Aegis en busca de ingresos en forma de patrocinios privados— no implica que pueda haber un reproche en el uso del dinero público destinado a cumplir con el organismo que dirige el ciclismo mundial. «No existió una gestión irregular del dinero público. El perito afirmó que ese dinero se destinó al pago del canon; una obligación contractual» del Ayuntamiento con la UCI anterior a que se encargara la gestión de la prueba a la Fundación del Deporte. El Tribunal de Cuentas también aclaró que el encargo de la gestión del Mundial a la Fundación del Deporte «no exime» al Ayuntamiento de las obligaciones de pago frente a la UCI.
La magistrada explica que la gestión propiamente dicha de la organización de la prueba por la Fundación «no se llevó a cabo con dinero público, sino con fondos de patrocinadores, que como no cubrían hubo de ser suplido con la contratación de los antedichos préstamos» del Banco de Santander y del TUP. Y recuerda que Aegis —que denunciaba la supuesta apropiación del millón de euros que había entregado a la Fundación como aval de su labor de obtener patrocinios— se ha retirado de la causa una vez que el Ayuntamiento le devolvió el dinero en septiembre de 2018. Como «los acreedores privados han obtenido resarcimiento por la vía civil» y la forma de concertar avales «y demás irregularidades no constituyen elementos suficientes para generar responsabilidades contables», la jueza considera que «no concurre el tipo penal de la malversación de caudales públicos».