La ARMH pide una oficina para las víctimas a los 20 años de la exhumación de Priaranza

La carta entró en el registro del Ayuntamiento de Priaranza el 13 de junio del año 2000. La enviaban «los hijos y familiares de Emilio Silva Faba» comerciante de Villafranca del Bierzo «cuyo cadáver se encuentra a la entrada de Priaranza si se llega de Ponferrada, en una fosa común junto a doce cuerpos». Y decía así:

«Quisiéramos desenterrar los restos de los trece hombres que fueron asesinados el 16 de octubre de 1936 y que desde entonces comparten fosa común sin ningún tipo de identificación».

«Quisiéramos dar sepultura en una lápida del cementerio del pueblo a los restos que se puedan encontrar, para que así reposen en un lugar digno y no en la cuneta donde los abandonaron sus asesinos».

«Quisiéramos llegar a un acuerdo con el titular de la finca donde se encuentra la nombrada fosa para instalar algún tipo de monumento que recuerde lo que allí ocurrió como una forma de que no se olvide la historia, para que nunca se vuelvan a repetir atrocidades como aquella».

Y lo que ocurrió es que aquel mismo otoño —el próximo día 21 se cumplen 20 años— y después de varios días de excavación, se producía la exhumación de la fosa de ‘Los 13 de Priaranza’. No era el primer enterramiento de la Guerra Civil exhumado en el Bierzo —dos años atrás se habían recuperado los restos de seis guerrilleros antifranquistas sepultados junto al cementerio de Canedo y cubiertos por la capa de asfalto de un aparcamiento— pero la noticia trascendió a los medios nacionales y aquello se convirtió en el embrión de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Veinte años después, exhumadas 33 fosas con 84 cadáveres solo en el Bierzo, y con el Gobierno a punto de promover una nueva ley sobre la memoria, el nieto de aquel comerciante que militaba en Izquierda Republicana, Emilio Silva Barrera, sigue al frente de la ARMH. Aplazados los actos con los que la asociación quería conmemorar su vigésimo aniversario debido a la pandemia, Emilio Silva Barrera reconocía ayer que «lo ideal sería que no tuviéramos que existir» y el Estado se encargará, de una vez, de exhumar las fosas de la represión antifranquista. «Estos días hemos estado exhumando una fosa en Guadalajara y todavía se nos acercaban al cementerio familiares de víctimas por que no sabían a dónde acudir, y la Subdelegación del Gobierno estaba a un kilómetro del cementerio. Debería funcionar una oficina estatal de atención a las víctimas», reclama Silva Barrera.

El presidente de la ARMH insiste en que «el Estado debe ocuparse de las víctimas», en lugar de canalizar la atención a través de los Ayuntamientos, como pretende la nueva ley. «Dejar que sea una competencia municipal es como negar que sea un derecho. Habrá ayuntamientos que actúen y otros que no», se lamenta. Y confirma que la ARMH no concurrirá a las nuevas ayudas para exhumar fosas que concederá el Gobierno porque entiende que es una tarea que debiera realizarse desde el Estado.

Silva Barrera no se cansa estos días de lamentar además la «equidistancia» de la Ley de la Memoria Histórica aprobada durante el Gobierno socialista de Zapatero. Algo que se mantiene en el nuevo texto. «Plantear la Ley de la Memoria desde la equidistancia es un acto negacionismo», afirma, convencido de que la nueva ley debería ser «una Ley de la Memoria Antifranquista», que ofrezca a las víctimas de la dictadura la reparación que ya obtuvieron en la posguerra —con becas, promociones, ayudas, empleos «pagados con el dinero de todos los españoles, incluido el que se confiscó»— las víctimas de milicias y grupos armados del bando republicano. «El Estado no puede ser equidistante entre quienes construyeron una dictadura y quienes la sufrieron», añade, después de insistir en que el régimen de Franco tuvo su origen en un golpe de estado contra un gobierno elegido democraticamente. Y en eso no puede haber equidistancia.

Silva Barrera lamenta que «la Transición trazara una gran elipsis» con los cuarenta años de dictadura y no se haya enseñado en las escuelas lo que de verdad ocurrió. «La educación se ha diseñado desde la equidistancia. Se han escondido cuarenta años de dictadura y eso, cuarenta años de dictadura, a la larga es más grave incluso que la guerra». Solo así se explica que «la gente no tenga ni idea de quien fue Largo Caballero, dirigente del PSOE y de la UGT, ministro republicano que estuvo preso en un campo de concentración nazi, y hoy cuestionado por la ultraderecha.