Diario de León

Moción

Carracedelo encabeza la oposición al cierre de oficinas del Registro Civil

Valcarce advierte de los efectos para el medio rural de una medida que entrará en vigor en junio

Vista exterior del Ayuntamiento de Carracedelo, en una imagen de archivo. L. DE LA MATA

Vista exterior del Ayuntamiento de Carracedelo, en una imagen de archivo. L. DE LA MATA

Ponferrada

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El Ayuntamiento de Carracedelo ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el Partido Popular en este municipio berciano para exigir a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado que se modifique el artículo 22 de la Ley 20/2011 del Registro Civil en lo que respecta al cierre de las oficinas en las pequeñas y medianas poblaciones.

Esa ley entrará en vigor el próximo 30 de junio de 2020 , tras ser aprobada en la etapa de Zapatero, y supondrá, de no dar marcha atrás, el fin de otro servicio público en el medio rural, según el alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce. «La medida afecta severamente a las personas que habitan el medio rural al ser privados de un servicio como el de poder solicitar en su propio Ayuntamiento toda la documentación relativa a nacimientos, matrimonios, y defunciones que conforman la historia del municipio desde 1871», explica. El cierre de oficinas puede ser masivo en todo el territorio nacional, según Valcarce. «Si no se modifica en las Cortes dicha Ley antes de su entrada en vigor, a partir del 30 de junio los vecinos de cualquier municipio de la comarca, incluido Carracedelo, se verán privados de la atención directa de este servicio quedando obligados bien a hacer las gestiones por vía telemática, bien a recabar los servicios de una gestoría o despacho de abogados o bien desplazarse a la oficina del Registro Civil de una gran población», lamenta Raúl Valcarce, para quien la supresión de este servicio público en las pequeñas localidades «supone, además, una nueva discriminación hacia la denominada España vaciada».

La moción aprobada en el Ayuntamiento también acordó dar traslado del acuerdo a la Presidencia del Gobierno, a los portavoces en el Congreso y Senado y al Ministerio de Justicia.

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