Tribunales
El caso del club Venus de Almázcara se salda con penas de dos años de cárcel
El Fiscal pedía siete años para la pareja que regentaba el local por retener a una mujer paraguaya
Imagen del Club Venus, en la localidad de Almázcara, ayer. DL
La Audiencia Provincial de León ha condenado a cada uno de los dos responsables del club Venus de Almázcara a 23 meses de prisión por un delito de trata de seres humanos, así como a pagar una multa de cuatro euros diarios durante cuatro meses a la víctima por otro delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros después de que retuvieran a una ciudadana paraguaya y la obligaran a ejercer la prostitución bajo amenazas. La Fiscalía, en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia el pasado mes de diciembre, había pedido penas de siete años para ambos, una mujer y un hombre, que regentaban el local en 2017, cuando la víctima denunció los hechos.
Ambos son condenados, además, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, a indemnizar a la víctima con 450 euros por las lesiones sufridas y otros 2.000 por daños morales.
En los hechos probados, el fallo señala que ambos propusieron a la víctima viajar desde su país de residencia, Paraguay, a España, con la falsa promesa de un contrato de trabajo como camarera de bar, a lo que la víctima accedió sin que, en ningún momento, le manifestaran la finalidad real del viaje, «que no era otra que la de obligar a la testigo protegido a ejercer la prostitución y lucrarse ellos con los beneficios que obtuviera con tal práctica».
Desde Madrid fue trasladada a Almázcara, al local que regentaban, donde «ejerció la prostitución en contra de su voluntad, con un horario que iba desde las 18:00 horas hasta las 05:00 horas, sin poder salir sola a la calle», dice el fallo. Según la sentencia, la mujer fue amenazada. El hombre le hizo saber que tenía una pistola con una bala dentro, y que si no pasaba con los clientes sería sancionada con una multa de 20 euros diarios. Todo el dinero que recibía de los clientes era para saldar la deuda de siete millones de guaraníes que le impusieron los gerentes del local por la tramitación de su traslado a España.
La situación finalizó el día 21 de enero de 2017 después de una inspección en el local de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Ponferrada.
Apoyo psicológico
La mujer, que declaró como testigo protegido, tuvo que recibir apoyo psicológico y se encuentra en paradero desconocido, a pesar de haber sido buscada en dos ocasiones por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la sentencia se acuerda la suspensión, por un plazo de tres años de la ejecución de la pena de 23 meses de prisión condicionada a que abonen las responsabilidades civiles a que han sido condenados, «así como a que durante el plazo de la suspensión no cometan ningún delito doloso que haga decaer la expectativa de reinserción social de los mismos, con apercibimiento de que la comisión de delito durante dicho plazo podrá determinar la revocación del beneficio de la suspensión y que se cumpla la pena de prisión inicial», dice el fallo.