Compromís pide otra vez la retirada de Fraga y Martín Villa del callejero

No es una calle cualquiera. Es la travesía de entrada a Molinaseca. Y lleva el nombre del que fue ministro de Información en la España de Franco, líder del principal partido de la oposición en la España democrática y presidente de la Xunta de Galicia, donde obtuvo varias mayorías absolutas en las elecciones; Manuel Fraga Iribarne (1922-2012). Pero su etapa al servicio de la dictadura ha vuelto a llevar al senador valenciano de Compromís Carles Mulet, empeñado en retirar de los callejeros de toda España los nombres de todos los generales, todos los ministros y todas las efemérides vinculadas al régimen salido de la Guerra Civil, a reclamar de nuevo que se le retiren los honores en pueblos y ciudades.

En el caso del Bierzo, Molinaseca estaba ayer a la espera de recibir el que sería el tercer requerimiento de Mulet. Y Ponferrada, donde el político gallego tiene una calle en el barrio de La Rosaleda, también ha recibido «una petición formal del Senado» a instancias del mismo Mulet, y según fuentes municipales el equipo de gobierno está a la espera de que los técnicos informen al alcalde socialista, Olegario Ramón, si estamos o no ante una vulneración de la Ley de la Memoria Histórica.

En Molinaseca, el alcalde del PP, Alfonso Arias, tiene claro que no. «Ya le hemos respondido dos veces (a Mulet) y si nos llega la petición le volveremos a explicar que en 1992 se le concedió a Fraga la travesía como padre de la Constitución, en democracia, y por todas las veces que vino a pescar. No tiene sentido lo que nos pide. Estamos hablando de 1992. Si hubiera sido en 1975 sería otra cosa», explica.

Y algo parecido ocurre con otro político a caballo entre la dictadura y la democracia como el leonés Rodolfo Martín Villa, de 85 años, que tiene una calle en Puente Domingo Flórez. Martín Villa además, y como ministro de la Gobernación en 1976 (todavía antes de las primeras elecciones democráticas) se ha visto envuelto en la querella argentina por delitos de genocidio cometidos durante la dictadura que libró la jueza María Servini. La magistrada llegó a enviar una orden de detención internacional, que retiró en 2018, para lograr su extradición y que declarara en Argentina por la muerte de cinco obreros en huelga durante los llamados Sucesos de Vitoria; el desalojo por parte de la Policía Armada de una iglesia donde se celebraba una asamblea con fuego real y pelotas de goma.

«Si Martin Villa tuviera algún delito a sus espaldas le quitaríamos la calle, pero no es el caso», decía ayer el alcalde popular de Puente, Julio Arias. «Aquí solo tenemos cosas que agradecerle», recalcó después de recordar que el cuartel de la Guardia Civil y el nuevo Ayuntamiento se deben al politico que militó en la UCD y llegó a ser ministro de Administración Territorial con el Gobierno democrático de Adolfo Suárez en 1980 y vicepresidente del Gobierno con Leopoldo Calvo Sotelo entre 1981 y 1982. «Ahora estamos preocupados por cosas más importantes», zanjó Arias.