Las concesiones hidroeléctricas tienen aún de plazo 20 años en el Bierzo
El Observatorio de la Sostenibilidad hace el primer estudio sobre los 800 pantanos de España.
Foto de archivo del embalse de Bárcena, en las inmediaciones de Ponferrada. L. DE LA MATA
m.c. cachafeiro | ponferrada
El Bierzo quedará al margen de la batalla que se anuncia entre las eléctricas por el fin de las primeras concesiones de presas y pantanos. Más de 800 en toda España según un informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad, de las 45 revertirán al Estado a través de las Confederación en los próximos diez años.
En el caso de la comarca, Bárcena, el embalse berciano con más capacidad, tiene como fecha de finalización de la concesión el año 2035. Le sigue Peñarrubia, en 2036; La Campañana, en 2038, y Matalavilla en 2042.
En todos los casos, las concesiones caducan a los 75 años de la adjudicación, que fue en tiempos del franquismo. El informe detalla por Comunidades Autónomas las concesiones hidroeléctricas «para que éstas y los municipios que sufren las consecuencias directas de estas presas, sean los que vigilen y soliciten la reversión de estas concesiones», señala. «En muchas ocasiones, estas comunidades autónomas que soportan estas infraestructuras que coinciden con menores niveles de riqueza, podrían obtener una serie de beneficios ya que han soportado los efectos ambientales de estas presas durante decenios», explica el informe de esta institución creada en 2014 por diferentes expertos, entre ellos profesores de universidad, ingenieros y biólogos.
El informe expone algunos casos de éxito de reversión de estas centrales hidroeléctricas, protagonizados por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Se ha detectado que en la reversión de algunas concesiones se ha tardado hasta 12 años en volver a ser públicas «por lo que es necesario el iniciar esas acciones cuanto antes», dice esta entidad.
Según sus estudios, con la reversión de estas concesiones se conseguirían importantes beneficios, como una disminución del precio de la electricidad, «al tratarse de activos amortizados que otorgan a las grandes eléctricas una gran influencia en el precio del mercado»; un mayor control público de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua sobre todo en épocas de sequía «que previsiblemente serán cada más frecuentes en un escenario de cambio climático».
El cambio de Gobierno y la nueva política encabezada por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hace que los primeros movimientos. El informe no detalla las empresas adjudicatarias de la concesión.