Fiscal y Guardia Civil acusan de tres delitos al exjefe antidroga del Bierzo

El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado secundaron ayer la petición de tres delitos —encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos y datos reservados— para quien fuera desde 2016 hasta que se denunciaron los hechos sargento jefe antidroga de la Guardia Civil en Ponferrada. Fue ayer, en el juicio que quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de León contra una red de tráfico de estupefacientes en la zona de Fabero en la que están acusadas siete personas, entre ellas este cargo de la guardia civil, para los que se piden penas entre los 3 y los 10 años de cárcel.

La segunda y última sesión del juicio sirvió para que tanto las defensas como las acusaciones llevaran a definitivas sus conclusiones. Según el fiscal, el sargento, a través de otro de los acusados, primo carnal, era quien «ordenaba, protegía y asesoraba» a esta organización con el objetivo de controlar el tráfico de drogas en la comarca después de que, nada más llegar, se desmantelara otro grupo delictivo en la zona de Fornela. En esa estrategia, tuvo acceso a las investigaciones en curso a través de bases de datos de la Guardia Civil y los posibles seguimientos a los acusados.

«Es la mejor manera de saber qué es lo que va a pasar», señaló el fiscal. En su argumentación, el representante del Ministerio Público se llegó a preguntar, a la vista de los hechos que se juzgaban, «si en serio puede seguir siendo guardia civil». «No es grave el tráfico de drogas sino por qué y quién», dijo gráficamente.

En total, el sargento se enfrenta a tres años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y 10 años de inhabilitación absoluta, además de las penas que se puedan incluir por los tres delitos.

El sargento, de familia con varios miembros en la Guardia Civil, fue denunciado a sus superiores por un agente del mismo departamento del Cuartel de Ponferrada. El anterior jefe de la unidad, que declaró desde Málaga por vídeoconferencia, señaló que, cuando marchó de Ponferrada tras ascender a capitán, tuvo conocimiento de los hechos por el mismo agente sobre determinadas prácticas «delictivas o disciplinarias» del sargento, así como grabaciones de presuntas ‘mordidas’ procedentes de la venta de estupefacientes en la comarca.

El abogado del Estado, que representó en el juicio a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio de Interior, ratificicó lo dicho por el fiscal. «No es una casualidad; les dio información privilegiada». Se refería así el letrado público a la detención, en Fabero, de una de las acusadas que, junto a su marido y su hijo, formaban parte de la organización. Estos dos últimos también fueron detenidos, el 13 de enero de 2017, cuando acababan de finalizar una compraventa de cocaína con un contacto que operaba en el barrio del Temple de Ponferrada.

La mujer tenía a su vez contacto con otros dos acusados, entre ellos el primo del sargento jefe de Estupefacientes de la Guardia Civil de Ponferrada que, según el relato del fiscal y también del abogado del Estado dio cobertura a la banda. En lugar de perseguir el delito, a través de su primo les hizo llegar que cesaran en la actividad porque les estaban investigando. La información, según la Abogacía del Estado, procedía de investigaciones y ficheros de la Guardia Civil.

Todas las defensas pidieron la absolución de sus representados con el argumento de que, salvo grabaciones telefónicas, no se practicaron más pruebas y que todas fueron con el ánimo de investigar al sargento de la Guardia Civil. «Querían cazarlo», dijo uno de los letrados que, como el resto, insistió en que se trató de una investigación «prospectiva», por lo que pidió la anulación del juicio. «Somos los tontos útiles», fue otra de las frases que se pudo escuchar a los abogados de la defensa en el turno de conclusiones.

La defensa del sargento hizo suya la argumentación del resto de los acusados y recordó que todo partió de la declaración de un confidente, en este caso otro miembro de la unidad de estupefacientes de la Guardia Civil de Ponferrada, que fue cambiado de funciones por su defendido nada más llegar a la capital berciana como jefe. Tras recordar que el sargento «es un hombre de la Benemérita», achacó a esa animadversión la posterior denuncia. «Todo fue porque reorganizó los servicios y a este agente no le gustaron los cambios», reiteró.

En ese misma línea de defensa, cuestionó la investigación del caso dentro del Cuerpo ya que el capitán instructor es amigo del agente que denunció, y de hecho, declararon ambos desde el cuartel de Astorga. «Todo es prospectivo, y ustedes —dijo refiriéndose al tribunal— tienen que poner coto a esta situación». «Es muy cruel para un servidor público que se diga lo que se está diciendo. Aquí se oculta un ánimo de venganza», añadió el letrado, que pidió la libre absolución del sargento.