El fiscal solo ve «indicios débiles» y pide archivar el fuego de la Tebaida

La investigación del incendio que hace tres años calcinó mil trescientas hectáreas, por dos veces archivada y por dos veces reabierta, no deja de dar giros sorprendentes. Y el último es el del Ministerio Fiscal, que en un escrito dirigido al juzgado de Ponferrada que instruye el caso recurre el encausamiento del único ganadero de Bouzas, decretado por el juez el pasado 20 de abril, por entender que los indicios en su contra son demasiado «débiles» y «endebles» como para sostener la continuidad del procedimiento. El fiscal encargado de la causa solicita de esta forma el que sería el tercer sobreseimiento de la investigación.

«No hay razón alguna para continuar la causa que se sostenga de forma racional, solo tenemos sospechas y conjeturas». Es la conclusión a la que ha llegado el Ministerio Fiscal después de revisar toda la instrucción judicial del incendio durante estos días de confinamiento. Y sobre esa conclusión se apoya para recurrir el encausamiento del ganadero y pedir el sobreseimiento del caso, según el recurso de reforma presentado el pasado 5 de mayo al que ha tenido acceso este periódico.

Si el titular del Juzgado número ocho entendía que la instrucción había servido para acumular los suficientes indicios en contra del ganadero, de acuerdo con la tesis impulsada sobre todo por las acusaciones particulares de la Asociación de Propietarios Forestales (Asfole) y Bierzo Aire Limpio -informes de la Policía Científica y de los técnicos Junta de Castilla y León y declaraciones de agentes que achacan el origen de las llamas a la regeneración de pastos, sanciones recibidas por el ganadero por pastar el rebaño en zona quemada y la proliferación de incendios en la zona en los últimos siete años, detenidos de golpe al comenzar la investigación judicial, entre otras pruebas indiciarias- el fiscal entiende todo lo contrario.

Y utiliza los mismos argumentos para cuestionar la propia instrucción, dudar de testimonios como el del portavoz del grupo conservacionista Tyto Alba, Miguel Rancaño, que señaló al ganadero, y en un momento dado argumentar que el principal sospechoso también viene a ser una víctima del incendio. Asegura el fiscal en su escrito que al ganadero no solo le sobraría monte para pastorear su rebaño y por tanto no tendría ninguna necesidad de prender fuego para regenerar la hierba, sino que el terreno quemado le perjudica en su actividad porque le resulta difícil evitar que una parte de su ganado paste en la zona que ha ardido, lo que le ha costado más de una sanción de la Junta de Castilla y León.

Elementos «endebles»

«Nadie discute la gravedad del incendio y sus enormes consecuencias para el medio ambiente, pero la continuación de la causa con tan endebles elementos de criminalidad no puede menos que ser considerado como impropio de un Estado de Derecho plenamente desarrollado y garantista de los Derechos de sus ciudadanos», afirma la Fiscalía.

El fiscal comienza recordando que la Audiencia de León, al ordenar la reapertura del caso en agosto de 2018, reconocía que los indicios contra el ganadero eran «débiles» y el informe policial enunciaba con «inevitable vaguedad e imprecisión» el móvil relacionado con la regeneración de pastos a corto o medio plazo o con una finalidad cinegética. Pero la instrucción posterior, asegura el fiscal, no solo no ha servido para aportar indicios más sólidos, sino que ha aumentado las dudas sobre la responsabilidad del sospechoso.

«Si ya el auto de agosto de 2018 de la Audiencia Provincial consideraba «débiles» los indicios existentes en aquel entones lo que se puede decir a día de hoy es que los mismos están aún más desvirtuados por las declaraciones a posteriori de dicho auto y el resto de indicios existentes en las actuaciones. No ha aparecido un solo indicio nuevo que ampare una continuación de la causa y sin embargo han aparecido diversos indicios que amparan la no incriminación», argumenta el fiscal.

«No hay testigo que lo haya visto quemando en la zona, nadie lo ha visto en la zona del incendio al suceder el mismo, las diligencias tecnológicas no son incriminatorias (...) y no hay mecanismo acelerante o artefacto detectado en punto de inicio del incendio», Y recuerda que ni siquiera con testigos directos se han logrado condenas antes en el Bierzo, como ocurrió con el incendio del Monte Pajariel y con el famoso caso del celador de la Reserva de Caza de los Ancares (por entonces todavía juzgado con un jurado popular que no dio credibilidad al principal testimonio incriminatorio sin explicar por qué). «Los acusados fueron sorprendidos en el lugar de inicio del fuego por varias personas y los mismos resultaron absueltos», afirma el fiscal.

El ganadero encausado, continua su argumentación, «no tiene necesidad de quemar el monte ya que tiene monte de sobra para sus animales». Y habla de tres mil hectáreas para 95 cabezas de ganado.

Y lo que las acusaciones consideran un indicio en contra del ganadero lo convierte el fiscal en un indicio a su favor. «Si a (...) le sobra monte para que pasten sus animales allí ¿Qué sentido tiene quemar el monte?», se pregunta. Y refuta la respuesta de las acusaciones, que señalan que así sus vacas pastan mejor. «Error grave -opina el fiscal- ya que los terrenos quemados no pueden usarse para pastos ni caza durante cinco o 10 años». De ahí que el Ministerio Fiscal considere, y reconoce que resulta «curioso» decirlo, que «la persona más perjudicada por el fuego ha sido (el ganadero ) en forma de expedientes sancionadores por entrar su ganado a pastar en zona quemada a partir de Agosto de 2017».

El fiscal se muestra comprensivo con el encausado en este punto al revisar las sanciones y entiende que al ganadero «se le escapan a pastar en zona quemada» unas 15 vacas y no puede controlar todo su rebaño. «El fuego lo que hace es limitar (...)su zona de pasto e indirectamente provocarle sanciones debido a que algunas de sus vacas se escapan y pastan en dichas zonas quemada». Y da la razón a los ganaderos y representantes de cotos que tampoco puede cazar en zona quemada y que han declarado en el juzgado que «con el fuego perdemos todos, tanto ganaderos como cazadores».

El fiscal tilda abierta de «falsedad» que el ganadero haya recibido sanciones por quemar como se habría «repetido en los interrogatorios». También le parece evidente que Rancaño no pudo ver al encausado quemar el monte hace 14 años cuando pastoreaba un rebaño de ovejas. En primer lugar porque no habría tenido ovejas en ese tiempo y la credibilidad del portavoz de Tyto Alba está en duda porque «realiza colectas para perseguir» al ganadero y su entorno».

Mangoneo o legítima discusión

También niega que las supuestas malas relaciones del ganadero con sus vecinos sean un indicio en su contra. De hecho entiende que no se han acreditado. El único que lo habría señalado sería un agente de la Patrulla Verde que declaró que en Bouzas hay discusiones porque la familia del ganadero, que fue pedáneo «mangonea todo lo que se hace en el pueblo», con recursos eólicos. Pero el fiscal también se pone aquí de parte del encausado. «No se le puede menos que dar la razón», afirma, porque las discusiones las habría tenido con residentes en Madrid que habrían querido empadronarse en Bouzas sin vivir al menos 180 días al año. «Se trata de una historia que por desgracia en la España vaciada pueblos con pocos habitantes pero que reciben un parque eólico o solar como gran inversión en sus terrenos y que dan lugar a empadronamientos no justificados con el fin de controlar la junta vecinal de turno, que es rica en recursos», entiende el fiscal. Y por si no quedara duda de su posición añade: «Si la discusión y el enfrentamiento se debe a que no está conforme con que se empadronen personas que no cumplen con los requisitos legales para ello pues no podemos menos que dar la razón (al ganadero) en este punto».