La Fiscalía archiva la investigación del ‘cuaderno azul’ sin acreditar delitos

«Por apreciarse la prescripción de los hechos y no acreditarse la comisión de infracción penal». Así ha comunicado la Fiscalía de Área al alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, su decisión de decretar el archivo de la investigación abierta para aclarar el supuesto enchufismo en el Ayuntamiento durante mandatos anteriores que recogerían las anotaciones del llamado ‘cuaderno azul’, hallado en el despacho del regidor.

El Ayuntamiento ya ha colgado en el Portal de Transparencia de su web municipal el decreto de la Fiscalía, que afirma que todas las anotaciones con nombres de supuestos recomendados y teléfonos fijos en su gran mayoría son de «hace más de 20 años»,y las meras anotaciones no pueden considerarse por sí solas una prueba de prevaricación o de tráfico de influencias, delitos que la Fiscalía ha investigado desde que Ramón envió el cuaderno azul a la Fiscalía el 25 de febrero. «La anotación efectuada en un cuaderno por quien recibe la recomendación no supone comisión de una infracción penal, que únicamente podrá considerarse si, con posterioridad, el receptor de la recomendación, siempre que tuviera capacidad decisoria en el ámbito público, impusiera indebidamente o influyera en una designación que no fuera de libre elección», razona el fiscal jefe, Jacinto Villalvilla.

Y añade que no hay indicios de delito. «Ningún dato obrante en el cuaderno permite considerar, si quiera indiciariamente, que el autor del mismo haya dictado una resolución arbitraria en un asunto administrativo, ni que sabiendas de su ilegalidad, hubiera propuesto, nombrado o dado posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a una persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos (...), ni que hubiera influido en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que pudiera generar directa o indirectamente un beneficio para sí o para un tercero». La Fiscalía tampoco ve indicios de que el autor de las anotaciones «hubiera impuesto la designación o hubiera influido en el nombramiento de un puesto convocado mediante una oposición, un concurso-oposición o un concurso de méritos».

El decreto de archivo revela que de los 14 personas que aparecen en las anotaciones, 10 nunca tuvieron contrato laboral o fueron funcionarios. Otra fue ayudante de oficios entre 2002 y 208, otra auxiliar administrativo tres meses en 1998, otra alumno en contrato de seis meses y otra ayudante de oficios en tres periodos entre 1993 y 1997.

Indicios en dos expedientes

El fiscal jefe sí considera una «cuestión distinta» la referencia a dos expedientes administrativos al margen del supuesto enchufismo, «en los que parece intuirse una pretensión de influencia de rebaja de una sanción administrativa en uno de ellos y de otorgamiento de una licencia urbanística» que había sido denegada y con el asunto en los tribunales. Entiende Villalvilla que aquí si habría indicios que exigirían la apertura de una investigación, pero el primero de los procedimientos data del año 1995 «con anotación de una cifra en pesetas» y el segundo figura en el mismo folio. «De existir algún hecho susceptible de tipificación penal, inequívocamente se encuentra ampliamente prescrito» es la conclusión.