Juicio oral por prevaricación a seis ediles del anterior gobierno de Bembibre

El Juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada (León), mediante auto de fecha 8 de noviembre de 2021, ha decretado la apertura de juicio oral contra los miembros de la junta de gobierno del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bembibre que dirigía José Manuel Otero Merayo por su supuesto delito de prevaricación.

Además del alcalde será enjuiciados los ediles Federico Fernández Martínez, Serafín Vázquez de la Riva, Laura Álvarez Alonso, Gloria Castro Cabezas y César Alfonso Ferrero Luengo.

El Juzgado, mediante denuncia del que en 2017 era portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Bembibre, Manuel Ángel Rey, abrió diligencias previas en ese mismo año por un presunto delito de prevaricación administrativa contra los miembros de la junta de gobierno del PP, con motivo de la sentencia estimatoria del contencioso administrativo número 3 de León de fecha 3 de noviembre de 2014 y sentencia igualmente estimatoria del Tribual Superior de Justicia de Castilla y León de 15 de abril de 2016.

Ambas sentencias declararon nulo el acuerdo de la junta de gobierno de fecha 11 de abril de 2013 en la cual se prorrogaba a la empresa Clece el contrato de explotación de las piscinas climatizadas y de la residencia de ancianos.

Posteriormente, al dictado de sendas sentencias, consta en el procedimiento un auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso en el que se deduce testimonio de todos ellos por desobediencia, ya que, en su momento, se negaron también a ejecutar el contenido de estas sentencias que declaraban nulo el contrato y agotaron el tiempo que restaba sin sacar a contratación una nueva licitación de la residencia, guardería, piscinas climatizadas y piscinas de verano.

Tras 4 años de continuos recursos por parte de los implicados intentando que el procedimiento se archivara, la magistrada-jueza ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los 6 miembros de la junta de gobierno que acordaron la adjudicación del contrato posteriormente anulado por la justicia, en base al escrito de calificación presentado por la acusación particular que pide para ellos, la condena por un presunto delito de prevaricación administrativa y solicita para ellos la imposición de una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas.

Aunque inicialmente el escrito de calificación del ministerio fiscal solicitaba el sobreseimiento y archivo del procedimiento, la magistrada ha dictado diligencia de ordenación, mediante la que da de nuevo traslado al ministerio fiscal para que formule su escrito de acusación al constar en el procedimiento escrito de calificación de la acusación particular.