Ni presiones, ni manipulación de la adjudicaciones

El auto del magistrado del número 5 de Ponferrada no estima que existieran irregularidades o que se prepararan concursos «a medida» para favorecer a Ferpi en la contratación de la retirada de la montaña de carbón o a las inversoras que finalmente compraron parcelas en La Rosaleda. «No cabe apreciar indicios claros de la existencia del supuesto plan urdido por los querellados para controlar el resultado de los concursos ya referidos», subraya el juez. Y en esta línea destaca que tanto para la eliminación de la escombrera como para la venta de las parcelas «sólo concurrieron como licitadores las personas y empresas que finalmente resultaron adjudicatarios, no habiéndose rechazado a licitadores». Sin perjudicados Por tal razón, entiende que no pudieron resultar perjudicados otros supuestos licitadores -como los adscritos a Empresas Agrupadas del Bierzo- por cuanto «finalmente» no se presentaron a ninguno de los concursos. Además se rechazan en el texto judicial las imputaciones particulares de la número uno del PSOE, Charo Velasco, contra el ex-alcalde, Ismael Álvarez, al que había acusado de presionar a los empresarios que finalmente resultaron adjudicatarios. Para ello se basa en las manifestaciones vertidas tanto por el presidente de Empresas Agrupadas del Bierzo, el constructor Javier Rodríguez Rodríguez, como del industrial Secundino Escudero, integrado en la mencionada sociedad y que acabó comprando suelo en el PAU1. «No permiten concretar (las declaraciones) la existencia de indicios claros de que todos o alguno de los querellados realizaran actos tendentes a manipular, dirigir o controlar el proceso abierto para la venta de parcelas del PAU1, y en concreto a excluir del mismo a la empresa antes mencionada». Libre decisión «Antes al contrario», prosigue Diez Martín, «existen motivos bastantes para concluir que dicha sociedad, que agrupa a diversas empresas de la comarca, no concursó finalmente por la libre decisión de sus integrantes. Así lo vino a reconocer su presidente y así se desprende de las actas de las reuniones del órgano directivo de dicha entidad, aportadas por aquel». Además, respecto a las negociaciones que los integrantes del consejo de Pongesur pudieran haber realizado durante el concurso, la conclusión es que «no surten efecto en alguno decisión concreta o actuación administrativa que haya de reputarse ilegal o arbitraria».