Diario de León

Pleito

Piden tres años de cárcel para el alcalde de Palacios por las obras en las brañas

El caso se remonta a los años en la Alcaldía de Orlando López, que concedió 34 licencias a refugios ganaderos sin contar con Urbanismo El exregidor Fernando Fernández y su Junta, a la que pertenecía Roberto Fernández, archivaron los expedientes

Vista general de Palacios del Sil desde uno de los montes que rodean la localidad. DL

Vista general de Palacios del Sil desde uno de los montes que rodean la localidad. DL

Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Un pleito por un supuesto delito urbanístico en las obras de reforma de 34 refugios ganaderos situados en las brañas de Palacios del Sil, que se remonta a los tiempos en los que el recién fallecido Orlando López era alcalde, podría costarle tres años de prisión además del puesto al actual regidor, Roberto Fernández, si la Audiencia Provincial —que ha fijado para los días 9 y 10 de noviembre la vista oral— le considerara culpable y aceptara las peticiones de la Fiscalía de Área de Ponferrada; además de la pena de cárcel, 21 meses multa con cuota diaria de 10 euros y diez años de inhabilitación.

El proceso se ha demorado tanto que dos de los cinco acusados —Orlando López, por supuesta prevaricación, y el que fue concejal de Obras entre 2011 y 2015, Raúl Fernández— han fallecido en las últimas semanas. Junto al actual regidor, juzgado por su etapa como concejal y miembro de la Junta de Gobierno que archivó los expedientes en 2013 sin restituir la legalidad, según la Fiscalía, se sentarán en el banquillo el que fue primer edil Fernando Fernández —para el que fiscal pide tres años y medio de cárcel, multa, y diez de inhabilitación— y otro concejal de su equipo de gobierno, Alipio González, que se enfrenta a una pena de tres años de prisión, multa, y diez años de inhabilitación.

Un macroproceso

El actual alcalde recuerda que «los 50 propietarios imputados» en su día solo quedan tres políticos

Aunque el escrito de la Fiscalía se refiere a 34 cabañas a las que Orlando López concedió licencia de obras hasta 2009 sin contar con el permiso de la Comisión Provincial de Urbanismo, en las brañas de Palacios, calculaba ayer el propio Roberto Fernández, hay 150 refugios ganaderos rehabilitados. «Prácticamente cada familia tiene uno», reconocía. La posibilidad de que haya que demoler algunas de las estructuras —el Ayuntamiento ya ha ordenado dos derribos parciales— mantiene en vilo a los habitantes de Palacios. De hecho, el escrito de la Fiscalía asegura que a la situación irregular de las 34 cabañas ganaderas que con las reformas prácticamente se han convertido en segundas residencias o «chalets de montaña», habría que añadir «un número indefinido de usuarios de las cabañas que llevaron a cabo dicha labor de reconversión de los inmuebles sin obtención de licencia alguna en fecha anterior al inicio de las presentes diligencias previas».

«Es un pleito heredado, un error que cometió otro», decía ayer por teléfono el actual alcalde de Palacios, que confía en ser absuelto, mientras se encontraba precisamente en una braña —también su familia tiene el uso de uno de los refugios ganaderos— atendiendo a su manada de caballos. Roberto Fernández, que sigue empleando la cabaña familiar como refugio para el cuidado de su ganado en el monte, insistió en que las edificaciones de las brañas siempre tuvieron un uso residencial para que los pastores se refugiaran durante el cuidado del ganado; una actividad que ha ido a menos en Palacios en las últimas décadas. «Espero que el juez le ponga sentido a todo esto», afirmó. Y recordó que el macroproceso que en su día llegó a tener «a 50 propietarios imputados», además de los técnicos que asesoraron al Ayuntamiento, «ha dejado finalmente solo a los políticos» ante el juez.

La razones de la Fiscalía

La Fiscalía de Área recuerda en sus escrito de calificaciones —y concurrre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas— que Palacios del Sil cuenta con Normas de Urbanismo desde 2002. Unas normas que protegen las peculiaridades de las llamadas brañas; «agrupaciones de cabañas ubicadas en terreno montañoso de naturaleza demanial destinadas a ser usadas por ganaderos de la zona como lugar de refugio tanto para el pastor como para los animales que pastan el monte, bien para pasar la noche, bien protegerse de las inclemencias». Y recalca el fiscal en su escrito que «dichas brañas se componen de cabañas individuales que pese a su carácter público eran usadas de generación en generación mientras los usos ganaderos se conservasen dentro de una familia o estirpe».

Error heredado

Roberto Fernández insistió en que «el error lo cometió otro» y espera que el juez le absuelva

Las Normas Urbanísticas en vigor desde 2002, para «evitar cualquier uso distinto» al que tenían los refugios cuando se edificaron, prohíben «toda clase de actuaciones» que «impliquen transformaciones» de su uso o naturaleza. Recuerda el fiscal que las Normas Urbanísticas establecen que «toda actuación edificatoria, plantación, tala, etc en este suelo y en un entorno de dos kilómetros requerirá informe previo favorable por parte del organismo competente en espacios naturales y la autorización expresa de la Comisión Provincial de Urbanismo».

Y eso es lo que el fiscal le reprocha al fallecido Orlando López, que entre 2002 y hasta 2009 concedió 34 licencias de obra menor para realizar reparaciones en antiguos refugios de uso ganadero que «en realidad eran utilizadas» para convertir las cabañas «en segundas residencias, chalets de montaña o viviendas perfectamente acondicionadas», «con electricidad, agua corriente, cocina y baños, pozo de aguas negros o espacios habilitados para el descanso». Entiende el fiscal que cada reforma hubiera requerido una licencia de obra mayor y autorización previa de la Comisión Provincial de Urbanismo que, adelanta, «de ningún modo autorizaría dichas licencias al tratarse de un uso prohibido en las Normas Urbanísticas».

A Orlando López le reprocha el fiscal que no incoara ningún expediente de reposición urbanística hasta el inicio del proceso judicial en el juzgado de Villablino el 1 de junio de 2009. Solo entonces, y tras denuncias de otros particulares que se sintieron perjudicaron por obras de remodelación en cabañas vecinas y un requerimiento del Procurador del Común, el Ayuntamiento abrió los expedientes de reposición contra las obras que heredó la Junta de Gobierno que de 2011 a 2015 presidió el que fue alcalde Fernando Fernández.

La Junta de Gobierno a la que perteneció el actual alcalde Roberto Fernández, sin embargo, archivó y cerró los expedientes sin actuar sobre las edificaciones, «pese a los informes técnicos», debido, entiende el fiscal, a «la enorme presión social existente en el municipio» ante la posibilidad de que el Ayuntamiento ordenara derribos.

tracking