Polémica judicial y política en Toreno por el incremento de una obra municipal

La polémica política y judicial está servida en el Ayuntamiento de Toreno. El que fuera concejal socialista de este municipio y ahora edil en Congosto, Alejandro Campillo Pestaña, denunció presuntas irregularidades en una obra menor adjudicada en 2017 y que llevará hoy martes al alcalde de Toreno, al socialista Laureano González, a prestar declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada. Según la denuncia de Campillo a la que ha tenido acceso este periódico, la empresa Construcciones y Carreteras da Silva realizó un asfaltado de una antigua zona ajardinada y abandonada en el barrio de las Obras de Toreno. Tras la obra, según su versión, se presentó en el consistorio la factura y como concejal de aquella instó su «disconformidad», pidiendo al primer teniente de alcalde que se retuviera la factura hasta hablar con el empresario. Pero se decidió elevarla a la Junta de Gobierno municipal. También dice que encargó al aparejador municipal que hiciera una valoración económica de la obra sobre el terreno y éste, según el ahora ex edil de Toreno, en presencia del por entonces tercer teniente de alcalde y de la secretaria municipal, dijo que la valoración de la obra era de 2.800 euros. Una cantidad «menos de la mitad de lo facturado», en términos de Campillo. Luego, según la versión de este mismo denunciante, unos días después, el aparejador le comunicó que el alcalde le pidió que «eleve la valoración lo máximo posible», y que no pudo más que acercarla a «3.600 euros». Lo que siguió después fueron una serie de diferencias con el alcalde y la secretaria, según Campillo, que terminaron ahora en el juzgado.

Este periódico habló ayer con el actual alcalde y Laureano González lo enmarca todo en intereses políticos y en el deseo de venganza por una serie de diferencias. El alcalde puso de manifiesto que él no tiene parte en este asunto y que fue precisamente el por entonces concejal de Toreno, Alejandro Campillo, la persona que encargó esta obra y habló con el empresario. También destaca que el presupuesto final es el mismo que el de la factura y que lo que se pretende con este asunto, elevado al terreno judicial, es «armar ruido».