miércoles 19/5/21
Mayores

Ponferrada pide a la Junta compromiso con el Plan de Choque de Dependencia

La edil de Mayores insiste en invertir en una nueva residencia pública en el Bierzo
Un grupo de ancianos pasea por la calle en Ponferrada. L. DE LA MATA

La concejala de Mayores del Ayuntamiento de Ponferrada, María Luisa Varela, mostró ayer su satisfacción con el Plan de Choque de Dependencia de 3.600 millones de euros al que el Gobierno de España y las comunidades autónomas han dado luz verde con el objetivo de reducir las listas de espera y mejorar los servicios y prestaciones para las personas dependientes. No obstante, Varela pidió a la Junta de Castilla y León y compromiso real «a la altura de las circunstancias».

«La Junta de Castilla y León no puede seguir machacando a las personas más vulnerables si queremos ser capaces de lograr los objetivos previstos. Nuestros territorios necesitan que las vidas de las personas que los habitan estén en el centro de las políticas públicas. Es inadmisible que, por ejemplo, con cerca de 16.000 personas mayores de 65 años, solo dispongamos de 274 plazas públicas en residencias», denunció la concejala de Mayores.

Más plazas

«Es inadmisible que solo haya 274 plazas públicas con cerca de 16.000 mayores de 65 años»

En este sentido, Varela recordó las enmiendas presentadas por su formación política, Podemos, a los presupuestos de la Junta y que recogen una dotación de medio millón de euros para la construcción de una nueva residencia pública en el Bierzo que permita «reforzar y dignificar» la atención a la tercera edad. También «la necesidad de priorizar el carácter público de los servicios, la apertura de plazas cerradas en un plazo máximo de seis meses y la mejora de las condiciones laborales o la revisión de los protocolos y objetivos vigentes en pro de la justicia social». Es necesario «solventar los problemas de base», defendió la concejala. Y esto es «totalmente incompatible» —dijo— con «la obsesión privatizadora del Partido Popular y de Ciudadanos, que desampara a la mayoría social precarizando el derecho a la salud y vulnerando la dignidad de usuarios y profesionales».

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