Los propietarios de la urbanización Patricia recurrirán el IBI del 2003

Los vecinos de la urbanización Patricia de Ponferrada, situada en las inmediaciones de la carretera de Molinaseca, han optado de nuevo por emprender medidas de presión para que el Ayuntamiento reaccione a sus reivindicaciones. Y entre las ocurrencias que han tenido se encuentra el recurrir el recibo de la contribución urbana. Según un portavoz de la comunidad de bienes, con Antonio Cabañas en la secretaría, la intención de los propietarios de Patricia «no es no pagar el recibo del IBI, sino recurrirlo y que el Ayuntamiento deje sin efecto la cuota municipal que nos obligan a pagar por no recibir prestación alguna a cambio». Según los vecinos, el Ayuntamiento de Ponferrada no da agua, ni luz, ni basura en la urbanización. Lo que hace el servicio municipal es recoger la basura a la entrada de la urbanización, en la carretera de Molinaseca, a donde tienen que bajar los residentes para depositar las bolsas en los contenedores. El Ayuntamiento ha argumentado que es una urbanización privada y no puede dar servicios. Sin embargo, los vecinos creen que existe el deber de atender sus reivindicaciones, porque, entre otros impuestos abonan el IBI. Desde la comunidad de propietarios también se quejan con el equipo de gobierno que dirige Carlos López Riesco porque no les han convocado ni atendido en una entrevista formal. «Siempre ha sido de forma extraoficial y casi con la reunión en la puerta», afirma el mismo portavoz. La reclamación que interpondrán contra el recibo del IBI será ante el Ayuntamiento de Ponferrada, y será previa a la vía de lo contencioso administrativo. Esta reclamación será antes del mes de octubre, fecha en la que se emiten los recibos municipales. De hecho, será en los próximos días, justo después de que se apruebe en la asamblea de la comunidad de vecinos. «Es un recurso que tiene posibilidades, y como medida de presión es bueno», afirman desde la comunidad de propietarios. Los vecinos presentarán el recurso contra el IBI. Si el Ayuntamiento no responde en el plazo de seis meses se entrará en la vía del contencioso, y si responde con negativa, los vecinos emprenderán la vía del contencioso administrativo.