Diario de León

Stop Desahucios bloquea la Junta en Ponferrada con un ‘escrache’

Presenta 500 mociones para que 168 municipios multen a bancos y paguen alquileres.

Ponferrada

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La plataforma Stop Desahucios en el Bierzo, Laciana, La Maragatería y La Cabrera, que funciona como asociación con entidad propio, recuperó ayer la estrategia del ‘escrache’ y denunció la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León con el problema de los desahucios bloqueando el registro de la administración autonómica en Ponferrada. A las 10.30 horas de la mañana, más de medio centenar de miembros de la asociación se presentaron en las oficinas de la Junta en la calle Ramón González Alegre y ordenada y silenciosamente, y después de desplegar una pancarta en el interior del local, comenzaron a guardar cola para presentar 500 mociones en la ventanilla única en las que instan a 168 municipios del oeste de la provincia a aprobar ordenanzas para multar a los bancos y empresas financieras que acumulen viviendas vacías y para que los ayuntamientos creen una bolsa de inmuebles destinados a alquiler social.

Las mociones también instan a los municipios a ayudar a las familias a pagar el propio alquiler social y a subvencionar el pago de las plusvalías a las que tienen que hacer frente, como si vendieran la vivienda, quienes consiguen que los bancos acepten la dación en pago para zanjar una hipoteca.

Stop Desahucios instó a la Junta además adoptar una política de vivienda que aporte soluciones a los municipios con menos de 20.000 habitantes. El portavoz del colectivo, Juan Álvarez, lamentó que la respuesta de la administración autonómica a las más de 7.000 firmas presentadas por su asociación hayan sido «dos folios» en las que la Junta recuerda que existe una Ley de la Vivienda que ya ofrece soluciones para paliar el problema. «Es una ley que se refiere a municipios de más de 20.000 habitantes y sólo Ponferrada los tiene», recordó, después de acusar a la administración autonómica de «tomar el pelo a los ciudadanos».

«Que dejen de gobernar de espaldas a los ciudadanos», reclamó Juan Álvarez. Y se dirigió a los ayuntamientos de su área para pedirles «que creen un banco social con las viviendas que los bancos robaron a los ciudadanos».

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