El TC decreta el embargo al ex alcalde de Cacabelos por valor de 825.000 euros
Los plazos de 10 y 5 días para presentar los avales vencieron sin que Sánchez los aporte.
Adolfo Canedo, el nuevo alcalde del PP de Cacabelos en junio pasado, recibiendo el bastón del ex regidor socialista, José Manuel Sánchez.
Ya es firme. El Tribunal de Cuentas (TC) ha firmado el decreto por el que embarga los bienes del ex alcalde socialista de Cacabelos, José Manuel Sánchez, por importe de 825.516,46 euros. El motivo no es otro que han vencido los plazos concedidos de 10 y 5 días para presentar los avales, el dinero en efectivo u otras garantías judiciales y no las ha aportado para hacer frente al «presunto delito de alcance». O lo que es lo mismo, la existencia en el 2006 de pagos de obras y actividades no justificadas por el Ayuntamiento de la villa del Cúa por un importe exacto de 673.492,04 euros. La cifra restante hasta completar los 825.000 euros que le reclama el TC a modo de fianza para hacer frente al proceso, corresponde a los intereses generados desde entonces, y que suman en concreto 152.024,42 euros.
En idéntica situación de embargo procesal sitúa el mismo Tribunal de Cuentas al por entonces secretario municipal accidental e interventor de Cacabelos, José Sernández Vega, que fue el responsable de los asentamientos contables del 2006, de los que duda la autoridad judicial y que ha actuado tras la denuncia presentada por el ahora alcalde de la villa, el popular Adolfo Canedo. Como se sabe, la denuncia de éste fue presentada cuando aún estaba desempeñando responsabilidades de oposición municipal.
Según ha podido confirmar por diversas fuentes este periódico, el Tribunal de Cuentas remitió a finales de esta misma semana su dictamen de embargo y todas las partes implicadas en el proceso tienen conocimiento del paso dado, incluido el alcalde. El instructor del caso de las cuentas de Cacabelos en el TC, Roberto Gámir Meade, solicita la fianza millonaria al ex alcalde y al ex secretario municipal por entender que son los presuntos responsables contables, con carácter «directo y solidario». Esto significa que deben de responder con su patrimonio personal a los avales o efectivo que les reclama el alto tribunal de cuentas. Los dos encausados recibieron la primera documentación y requerimiento del embargo con los plazos previstos el pasado 5 de agosto. Ahora, al comprobar el TC su insolvencia tras reclamarle bienes por valor de 825.000 euros, la misma institución deberá decidir el siguiente paso.