Torre, Igüeña y Villagatón perderían 300.000 euros al año sin parque eólico

La anulación de la autorización del parque eólico Peña del Gato por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León —cuya sentencia será recurrida por la propietaria Enel Green Power— sería un varapalo para las ya ajustadas economías de los municipios de Igüeña, Torre del Bierzo y Villagatón, que perderían más de 300.000 euros al año con el desmantelamiento de estas instalaciones. Son los ingresos que perciben las juntas vecinales por la ocupación de los terrenos y los ayuntamientos a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y como Bien Inmueble de Características Especiales (BICE).

«Perder esos ingresos sería terrible porque es sumar a otro montón de desgracias que nos están pasando», aseguró el alcalde de Igüeña, Alider Presa, al que le cuesta entender el sentido de esa sentencia después de que el proyecto pasara por las comisiones de Medio Ambiente y Urbanismo, superara la declaración de impacto ambiental y estuviera tres años en funcionamiento. Y es que en su municipio están instalados trece aerogeneradores, diez en Almagarinos y tres en Pobladura de las Regueras, que dejan 70.000 y 18.000 euros cada año en estos pueblos, mientras que el Ayuntamiento percibe alrededor de 98.000 euros.

Por su parte, Torre del Bierzo sería el municipio menos afectado, ya que dentro de su término municipal sólo están ubicados cuatro molinos por los que la junta vecinal de Tremor de Abajo y el Ayuntamiento —explicó su alcalde, Manuel Merayo— ingresan 24.000 euros y 37.000 euros. Así, Villagatón contaría con un total de siete aspas, que dejan 42.000 euros en los pueblos de Villagatón, Brañuelas y Nistoso y otros tantos para el Ayuntamiento, según las cuentas del primer edil, Benjamín Geijo, que confían en que el final «se busque una solución intermedia» y no haya que levantar el parque por el grave perjuicio que causaría en esta zona, ya bastante «castigada» por el cierre de las minas y la paulatina despoblación de su pueblos.

El alcalde de Torre también aboga por un «equilibrio ecológico en el que esté incluido el hombre». «Hoy en día el único aprovechamiento que daba un plus de actividad a los pueblos para mantenerse eran los parques eólicos y no puede ser que el hombre sea expulsado de los pueblos a favor de los animales», añadió Merayo.

 

Sin otros ingresos

En un momento en el que tanto se habla de la defensa de las juntas vecinales, el alcalde de Igüeña reprocha una sentencia cuya consecuencia final será la pérdida de los pocos recursos con los que cuentan los pueblos y que les permiten hacer frente a pequeñas obras y mejoras para sus vecinos, sobre todo cuando cada vez son menos las inversiones que vienen de otras administraciones. El paulatino cierre de las minas que antes plagaban el valle del río Tremor ha ido dejando poco a poco a los pueblos sin gente, pero los gastos se mantienen, tanto en alumbrado, como en los colegios o en los consultorios médicos.

Asimismo, el regidor de Igüeña apuntó a otras posibles consecuencias que tendría la clausura de Peña del Gato, aunque entiende que esta decisión judicial tendrá «un recorrido más largo porque no es una sentencia firme». Así, asegura que alguien «pedirá responsabilidades» y señala en primer lugar a las propias juntas vecinales que «tienen firmados contratos a 30 años y que incluso pueden estar metidas en algún crédito u obra a financiar en los próximos años a cargo de esos contratos firmados, que sirven de aval en un banco».

Aunque la sentencia declara la nulidad de la autorización administrativa del parque eólico porque entiende que no se valoró la existencia de ejemplares de urogallo, los alcaldes de Torre, Igüeña y Villagatón negaron la presencia de este ave en peligro de extinción en sus montes. «En estos montes no ha habido nunca ni hay urogallos, tengo 42 años y he andado mucho por el monte y no lo he visto nunca, ni mi padre, ni mi abuelo, ni ningún vecino», aseveró Presa.