El TSJ confirma 10 años de cárcel para la falsa víctima de violencia de género

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León que condenó a la vecina de Fabero Vanesa G. por simulación de delito y detención ilegal y a un hombre como cómplice de dicha simulación. La Audiencia impuso a la mujer un total de diez años de prisión y al hombre siete meses de multa por el conocido como ‘caso del pegamento’. Cabe recordar que la condenada convenció a un amigo para engañar a las autoridades judiciales y policiales mediante la simulación de varios delitos de malos tratos y la denuncia a su exnovio como autor de los mismos para así conseguir que este fuera detenido y encarcelado.

Vanesa G. recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial al entender que hubo error en la apreciación de las pruebas. Según ella, más que a su actuación, a la que se atribuyen sin fundamento una serie de complejas maquinaciones que no se corresponden con sus limitadas capacidades y su frágil personalidad, las privaciones de libertad que sufrió su expareja fueron fruto del automatismo de la policía al aplicar los protocolos de violencia de género y de la presión de los medios. En cambio, la Sala de los Civil y lo Penal del TSJ entiende que la condena del tribunal provincial se halla suficientemente fundada y resulta concluyente frente a la hipótesis

exculpatoria que esgrime la defensa. «Atendiendo al análisis de las pruebas de la sentencia recurrida, se desprende que la intervención de la acusada en los hechos fue la causa eficiente de las privaciones de libertad acordadas para su ex pareja», expresa el Tribunal Superior de Justicia.

El TSJCyL considera acreditado que los mensajes intimidatorios recibidos por la condenada se los remitió ella a sí misma. Además, los testimonios de los efectivos de Guardia Civil que realizaron la reconstrucción de los hechos, junto con los de los otros testigos y de ambos condenados, «dejan fuera de toda duda la falsedad del secuestro preparado por la condenada para conseguir que su expareja fuera detenido y encarcelado».

La Sala de los Civil y lo Penal estima que «la mujer planeó una utilización de los agentes actuantes y del juez de instrucción como instrumentos para actuar conforme a derecho y acordar la detención y el ingreso en prisión de su exnovio ante unos hechos que, tal y como fueron presentados por la entonces denunciante, revestían fundados indicios de delito y riesgo para su

integridad física».