El TSJ multará con 600 euros al alcalde de Carucedo si no paga 75.000 de un coto

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dictado una providencia en la que apremia al Ayuntamiento de Carucedo a cumplir con el pago de 75.383,29 euros al ex presidente del coto de caza San Juanín, Vicente Gómez Fernández, después de que una sentencia dictase que el alcalde, el socialista Clemades Rodríguez había perjudicado en esa misma cantidad al titular de la zona de caza por rescindirle el contrato cinegético cinco años antes de expirar.

En esta misma providencia, firmada por tres magistrados, se apercibe en primera persona al alcalde de Carucedo y, tras concederle un nuevo plazo de diez días «improrrogable», le avisan de que tendrá que pagar de su bolsillo 600 euros por cada mes que dilate el impago del coto. También se le notifica que remita un informe o certificación de las actuaciones practicadas desde el consistorio para cumplir con el pago que dictó ya en el 2010 la sentencia favorable al ex presidente del coto.

Patrimonio personal y responsabilidad penal por desobediencia. El TSJ va más allá y dice claramente en la notificación a la que ha tenido acceso este periódico que, si el alcalde sigue sin cumplir la ejecución definitiva de la sentencia, con el pago de los más de 75.000 euros, «se le impondrán multas coercitivas cada mes de 600 euros». En este caso, la multa que estipula el tribunal con sede en Valladolid va directamente contra las propiedades de Clemades Rodríguez. «De ser impagadas en su día, se ejecutarán sobre su patrimonio personal, pudiendo en dicho plazo y sin perjuicio de llevar a efecto este acuerdo, alegaciones personalmente si le interesa», expresa textualmente la provindencia judicial. Es más, los magistrados Jesús Reino y Felipe Fresneda, bajo la presidencia de Antonio Fonseca-Herrero, también aperciben al regidor Clemades Rodríguez de que le serán promovidas «responsabilidades penales por desobediencia».

El TSJ también pidió a la secretaria del Ayuntamiento de Carucedo que le remita el estado de cuentas y depósitos bancarios existentes a nombra de esta corporación berciana, con sus saldos, además de bienes muebles e inmuebles de carácter patrimonial. Además, se solicitó igualmente documentación sobre las cantidades recibidas por el Ayuntamiento en concepto de transferencias corrientes y ordinarias durante los años 2008, 2009 y 2010. Incluso con el detalle de su importe mensual, el organismo pagador y el porcentaje del dinero que alcanzan los gastos de personal. Con todo ello, el TSJ quiere garantizar que el ex presidente del coto de caza pueda cobrar lo que previamente dictó una sentencia y que, pasados los años, sigue sin cumplir el Ayuntamiento con el mismo alcalde al frente. Se da la circunstancia que ya el 7 de marzo del 2011, el TSJ había notificado al alcalde que debía cumplir, y ahora, al no hacerlo, va contra su patrimonio personal.