USE acusa al alcalde de aplicar recortes en líneas de bus de La Placa y Flores
El concejal de USE, Samuel Folgueral, aseguró ayer a través de una nota de prensa que, una semana después de la puesta en marcha de «la reprivatización del TUP y su correspondiente repintado de autobuses, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada sigue sin explicar a los usuarios los recortes en el servicio, injustificables teniendo en cuenta el exagerado aumento del coste». Asegura que muchos ponferradinos se están preguntando a día de hoy «si en el cambio de nombre del transporte urbano hay algo más que una acelerada operación de marketing, ya que en lo que respecta a las prestaciones lo único que han podido comprobar es el recorte de paradas en Flores del Sil, La Placa o el Barrio de los Judíos. Y es que la fanfarria del equipo de gobierno no le sirve a los vecinos, por ejemplo, de la avenida de la Martina, para conocer por qué ahora tienen que coger el bus en la Avenida de Portugal o a los de la Avenida de América para tener transporte público hacia la parte alta».
Dice Folgueral que «la propaganda de Olegario Ramón ha prometido a los ponferradinos que el eufemísticamente llamado Servicio Municipal de Transporte (TUP II, para entendernos), nos iba a cambiar la vida. Y en lo poco que le va a cambiar la vida a los ponferradinos es en el destino de, por ejemplo, el tasazo de basura que entre otras cosas se dilapidará en pagar un servicio que ahora va a costar casi el doble a pesar de haber sido reprivatizado. Lejos quedan los brindis al sol de la Nortada y los plenos extraordinarios forzados para, entre otras cosas, sembrar dudas acerca de la gestión de la sociedad encargada del TUP».
Añade que «aquella ansia de municipalización se ha convertido en un contrato para la empresa matriz del TUP, pero con todos los costes soportados por el Ayuntamiento y con autobuses pagados también por el consistorio con informes técnicos contrarios». «Vaya por delante que la empresa cuenta con todos nuestros respetos, pero no querrá el Sr. Ramón que aplaudamos su falta de coherencia. Sobre todo cuando la alternativa fiable consiste en pagar nunca menos de un millón de euros adicional al año por un servicio que además ahora perjudica a barrios».