Diario de León

El fiscal pide 2,5 años de cárcel y una indemnización de 750.000 euros por dañosIGÜEÑA

Un vecino de Igüeña afrontará un juicio popular por quemar un monte

Un jurado popular deberá decidir mañana en la Audiencia Provincial sobre el grado de culpabilidad o la inocencia de un vecino de Igüeña, con un nivel intelect

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C. Fidalgo/L. U. Redacción - PONFERRADA.
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La acusación popular pide tres años de internamiento en un centro de tratamiento de la alcoholemia. El jurado que juzgará a M.C.O. en la sección segunda de la Audiencia Provincial quedó constituido a mediados de la semana que culmina no sin ciertas dificultades y previsiblemente dedicará dos sesiones, el martes y el miércoles próximo, para decidir la suerte que debe correr el acusado. El fiscal considera probado que M.C.O. incendió el monte de forma intencionada y con un mechero cuando volvía a Igüeña desde Colinas del Campo en automóvil la madrugada del 11 de marzo del 2000. El acusado habría detenido el vehículo en la cuneta de la carretera LE-461 para prender fuego. El incendio, que estuvo activo durante un par de días, acabó arrasando 395 hectáreas de monte bajo y cinco de bosque de roble joven en los parajes de La Peña, Capellán y Las Bañas. El acusado, que había estado en un bar de Colinas, viajaba acompañado por otro vecino de Igüeña que en un principio también fue detenido, pero que ha sido exonerado de responsabilidad. El arresto de M.C.O. se produjo después de que revelara en varias conversaciones con vecinos de la zona su responsabilidad en los hechos. Nivel intelectivo El ministerio fiscal reconoce que el acusado «presenta un nivel intelectivo entre el límite y ligero», pero que «puede comprender lo lícito o no de algunas actuaciones elementales» como los hechos por los que se le va a juzgar, aunque concurra la circunstancia atenuante de alteración psíquica. Por eso, la pena solicitada asciende a dos años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese periodo, y dos de internamiento «en un centro adecuado al tipo de anomalía que padece el acusado». El fiscal también entiende que el acusado debe indemnizar a la Junta de Castilla y León con la cantidad de 126 millones de pesetas (757.000 euros) en concepto de responsabilidad civil y después de sumar los daños peritados en los parajes afectados que resultaron afectados por el fuego, el gasto en las tareas de extinción, la erosión del terreno y el impacto paisajístico del fuego.

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