jueves. 09.02.2023
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA contempla en su título I el derecho a una vivienda digna y adecuada, pero no lo incluye en el capítulo segundo de los derechos y libertades, sino en el capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica», matiz importante porque mientras los derechos civiles y políticos son directamente exigibles por el ciudadano, los derechos económicos, sociales y culturales no son directamente aplicables por jueces y tribunales. Pero de esa reforma de la Constitución no se discute ahora mismo en España, ni del desarrollo del art. 47, sólo se cotillea en las tertulias sobre los derechos sucesorios de doña Leonor. En Francia «los hijos de don Quijote» han forzado al primer ministro Villepin a reconocer, con buena carga demagógica, el derecho de los franceses a exigir al Estado una vivienda ante los tribunales. Si fuera tan fácil resolver el problema con semejante promesa preelectoral, sería manifiestamente obsceno no haberlo resuelto hace tiempo. Es un sarcasmo que lo digan ahora los conservadores que congelaron una ley votada por los socialistas en el año 2000 que obligaba a todos los Ayuntamientos a disponer de un mínimo de un veinte por ciento de viviendas sociales en su territorio municipal. Tampoco cambiaron de criterio tras los trágicos sucesos de Clichy del 2005. También en España el problema de la vivienda cobra actualidad ante la proximidad de las elecciones locales del próximo mes de Mayo. Es lógico que el debate se traslade al ámbito municipal porque es ahí donde se juega el partido, ya que desde el año 1998 el precio del suelo urbano ha subido un 120% y los Ayuntamientos no sólo no han sido capaces de modificar esa tendencia, sino que han contribuido a ella encareciendo también ellos el mercado, en vez de vender suelo público en momentos de escasez y retenerlo en tiempo de sobreoferta, dejando por otro lado de utilizar amplias facultades sancionadoras y otras, sin dotar a estas de los recursos humanos y organizativos precisos, en definitiva operando como un especulador más. Por eso los precios de la vivienda han seguido subiendo mientras la superficie de suelo artificial ha aumentado en los últimos diez años el equivalente a la superficie de dos campos de fútbol por hora y el urbanismo ha ido cayendo en manos de los Bancos, entidades con suficiente cachaza como para no perder el sueño porque en España haya veintidós mil personas viviendo en la calle o más cien mil en Franc

Vivienda digna
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