El TSJ de Castilla y León prohibe la caza

Sorpresa para la mayoría de ciudadanos aficionados al campo y la caza, principalmente como afectados directos la gente del medio rural y cazadores, que hoy les toca convivir con decisiones de carácter judicial, que a ojo del buen cubero, que diría un entendido en la materia. Hay que decir, que esta siempre se ha puesto de refilón o lo ha ignorado, cuando de preservar el medio ambiente se trataba. La comunidad de Castilla y León, esta siendo presa de la zarpa de una justicia con síntomas de moverse, desoyendo la opinión de expertos, al son de las tendencias de la moda progre, jaleada por una serie de asociaciones anti-caza, animalistas etc. que les marca el ritmo desde el desconocimiento de la fauna y flora, pero que es la treta que estas utilizan para vivir de la subvención. Aunque nos tengamos que trasladar a finales del siglo pasado hoy también es actualidad los sistemas de concentración parcelaria, donde la política es mucho más predominante que los intereses públicos y la justicia hasta la fecha, ni esta ni se la espera. A consecuencia de ello se han permitido toda clase de tropelías, como gran cantidad de humedales y manantiales naturales desaparecidos, donde los daños ambientales son irreparables. Quizá es el momento apropiado para establecer quien o quienes son los beneficiados, los perjudicados ya lo sabemos, todos. Parece que TSJ de Castilla y León con estos planteamientos, pretende poner puertas al campo, con vocación de grandes almacenes de moda y establecer los periodos de rebaja en la caza. Habría que preguntar a sus señorías, ¿Dónde está la equidad de la justicia que no ha intervenido, por desecar la laguna de LA NAVA en Paredes (Palencia) para ampliar las superficies de siembra o por construir los bloque de viviendas de la conocida urbanización Torrelago, en la Laguna de Duero (Valladolid)? Quizá su reflexión no tenga otra justificación para prohibir la caza, que un desequilibrio de fuerzas, sin otros argumentos que la comodidad de situarse sobre la ola que mece la marea y olvidarse de pobres gentes y pueblos. Su único medio de subsistencia y mejora son los ingresos que reciben de particulares por arriendos de cotos o subastas de cacerías, como compensación a los inconvenientes y daños que soportan sobre sus propiedades y que ejerce la fauna salvaje. ¿Oh esto lo considera el TSJ que debe ser una prestación gratuita, por el hecho de vivir en el medio rural? Bien estaría que el TSJ de Castilla y León saliese de la dinámica de la prohibición que es lo busca la algarabía de determinados colectivos. Motivos hay más que suficientes para regular y no prohibir la caza, incluso dudo que el camino más adecuado para ello, sean los tribunales de justicia. Determinados organismos del estado cuentan con medios más que suficiente y son conocedores de primera mano de las carencias que vienen soportando las especies de la fauna salvaje, sin que hayan puesto ningún remedio. Sería de agradecer que la acción de la justicia fuese encaminada a exigir en este sentido, el cumplimiento de reglamentos y normativas