60 millones de euros cada año
La Junta ha necesitado modificar con carácter urgente el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, y este es el contenido del anteproyecto de Ley aprobado en Consejo de Gobierno, con el fin de compatibilizar las prestaciones de la Renta Garantizada Ciudadana y el Ingreso Mínimo Vitañ para aquellos beneficiarios de la prestación del Estado a los que se les haya reconocido un importe inferior a la cuantía de la ayuda autonómica, que pudiera corresponder a esa unidad familiar, siempre que cumplan con el resto de los requisitos exigidos en la normativa reguladora de la prestación de RGC.
En este supuesto se tendrá derecho a percibir como máximo la diferencia entre la cuantía de renta garantizada que pudiera corresponder en función del número de miembros de la unidad familiar o de convivencia, y la cuantía reconocida de IMV.
Esta modificación nace de la apuesta de la Junta de Castilla y León por la Renta Garantizada de Ciudadanía como instrumento para garantizar un mínimo de ingresos a aquellas familias que peor lo están pasando y fomentando su incorporación al mercado laboral.
Durante los diez años que lleva en funcionamiento la RGC en la Comunidad, la Junta ha destinado a la población más vulnerable cerca de 600 millones de euros, con una media de 60 millones de euros al año. En el conjunto de Castilla y León, a lo largo de los nueve primeros meses este año, han percibido la RGC un total de 11.348 familias, lo que supone 26.182 beneficiarios.