El 77% de los menores de tres años en la Comunidad no está escolarizado
r. travesí | valladolid
El 77 por ciento de los niños de entre cero y tres años en Castilla y León no está escolarizado en centros y escuelas con el primer ciclo de Educación Infantil, más conocidas como guarderías. Y es que solo el 22,9 por ciento aparece matriculado en algún centro de la Comunidad, al cruzar los datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2018 y el alumnado contabilizado por el Ministerio de Educación en el curso pasado. La tasa regional es la cuarta más baja de España, donde estaban matriculados un 38,8 por ciento. Solo Murcia, Canarias y Asturias presentaron peores tasas de escolarización temprana mientras que País Vasco y Madrid lideran la tabla, con el 51 y 49 por ciento, respectivamente.
Según la Estadística del Padrón del INE, Castilla y León contaba en 2018 con 48.698 personas menores de tres años, de los que 11.138 estaban matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil en el curso pasado. Es decir, que había más de 37.500 niños que no acudían a una guardería o una escuela infantil. Las administraciones como la Junta y los ayuntamientos cuentan con escuelas infantiles de titularidad pública pero que no cubren, en ningún caso, todas las peticiones de las familias, por lo que acuden a centros privados.
La nueva consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró durante la presentación en las Cortes de Castilla y León del programa de actuaciones de su departamento para la legislatura que uno de los «principales compromisos» es avanzar en la universalización y la gratuidad de la Educación Infantil de cero a tres años. La idea que expuso fue «renovar la normativa vigente desde 2012 para adecuar el proceso de admisión de estas enseñanzas a las nuevas realidades de la Comunidad, particularmente con intención de minimizar la aportación de los usuarios e incrementar los casos de gratuidad».
Preguntada por la universalización y gratuidad de la Educación Infantil de cero a tres años, la consejera expuso durante la presentación del curso escolar 2019-2020 que la integración de ese ciclo en la Consejería de Educación, con el consiguiente traspaso de competencias, no se hacía de forma inmediata. «Este curso abordaremos las necesidades que tiene, junto a las organizaciones sindicales, y la idea es que, progresivamente, a lo largo del siguiente curso se comience con la gratuidad», declaró.
La Lomce, al igual que ocurría con la anterior ley educativa LOE, recoge que la Educación Infantil es una etapa educativa no obligatoria que tiene como finalidad el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños de cero a seis años. Eso sí, la norma solo garantiza la existencia de plazas para cubrir la demanda de tres a seis años, que corresponde al segundo ciclo de Educación Infantil que se imparte en los colegios y está universalizado desde 2002. A la vista de los datos, los padres optan por escolarizar a sus hijos, de forma mayoritaria, a partir de los tres años. El Ministerio contabilizó el curso pasado a un total de 53.567 alumnos en el segundo ciclo de Infantil en Castilla y León. Por lo tanto, el 97,5 por ciento estaba escolarizado, un punto más que en España. Un porcentaje que difiere mucho del 22,9 por ciento de la tasa de los niños de cero a tres años.
Ante esta situación, corresponde a las comunidades tomar la iniciativa. En el caso de Castilla y León, todos los programas electorales de los partidos políticos (incluidos el Partido Popular y Ciudadanos) que concurrieron a los comicios autonómicos de mayo recogían la universalización de la educación para niños de cero a tres años.
El anterior consejero de Educación, Fernando Rey, siempre dijo que la gratuidad del primer ciclo de Infantil debía implantarse de forma «muy progresiva», por su elevado coste que estaba cifrado en unos 150 millones de euros. Su sucesora en el cargo ha apuntado que la Junta «rediseñará» el proceso de admisión de cero a tres años para hacerlo similar al ya establecido para las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, «pero siempre salvaguardando sus características diferenciales», puesto que a su carácter formalmente educativo se añade su «notable» función asistencial.