Amigo defiende un reparto justo de los fondos europeos para políticas empleo

La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, ha defendido este lunes un reparto justo entre las autonomías de los fondos europeos para políticas de empleo, además de la necesidad de simplificar la normativa laboral mediante la reducción de las modalidades de contrato existentes actualmente.

Han sido dos de las reivindicaciones formuladas por Amigo durante su participación en la videoconferencia que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado con los titulares de las consejerías con competencias en materia de empleo en las distintas comunidades autónomas.

La consejera también ha pedido al Ministerio flexibilidad a la hora de reconocer como ERTEs de impedimento los presentados por aquellas empresas que, como consecuencia de las restricciones sanitarias, solo puedan desarrollar actividades residuales.

La reunión ha tenido como objetivo el avance en la elaboración de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, así como el análisis de los proyectos de inversión y reformas en materia de políticas activas de empleo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En cuanto a los fondos europeos para políticas de empleo, el Ministerio ha señalado que las comunidades autónomas gestionarán en torno a 688 millones de los 2.000 millones asignados para este añ, que habrán de destinarse a proyectos territoriales de cohesión y reequilibrio, atención a colectivos vulnerables, emprendimiento y microempresas.

Amigo, en este punto, ha vuelto a demandar un reparto justo en la asignación de esos fondos entre las comunidades que, en su opinión, debe tener en cuenta aspectos como la despoblación, el envejecimiento o la dispersión geográfica.

"En Castilla y León necesitamos esos fondos para hacer frente al desempleo y a las dificultades para apoyar a autónomos y empresas para que puedan dar continuidad al empleo", ha subrayado.

En este sentido, la consejera ha recordado que Castilla y León ya ha sido "claramente perjudicada" con el reparto de fondos REACT-EU, donde el Ministerio de Hacienda asignó a finales de diciembre 335 millones a la Comunidad, un 3,35 por ciento del total del reparto autonómico, y 257 millones menos de los que le habrían correspondido con el actual sistema de financiación autonómica.

Sobre la nueva estrategia, ha defendido la necesidad de fortalecer la prospección laboral como una herramienta necesaria para apoyar a las empresas en este momento de máxima dificultad, han informado fuentes de la administración autonómica.

Para Amigo, dentro del actual contexto de pandemia resulta fundamental la cercanía a las empresas para conocer sus necesidades y poder ofrecer un plan de apoyo a medida.

Por otra parte, ha apostado por la digitalización de los servicios públicos de empleo, un proceso de modernización en el que a su juicio es necesario seguir avanzando desde todas las comunidades, en línea con los objetivos que persiguen los fondos europeos.

La consejera ha insistido en la transparencia y la eficacia de las políticas públicas, y considerable como irrenunciable la evaluación de las políticas públicas de empleo "desde la objetividad y la independencia".

La Consejera ha defendido también la necesidad de afrontar una reforma laboral que ponga fin a la "gravísima dualidad" del mercado laboral que existe en España y está estrechamente vinculada a la existencia de hasta cuarenta y dos modalidades de contrato distintas.

Por esta razón, ha abogado por simplificar la normativa laboral mediante la reducción de los tipos de contrato, ya que de lo contrario las políticas activas de empleo "no serán efectivas", por lo que ha reclamado "un nuevo contrato social que permita estudiar en profundidad este tema y dar una respuesta adecuada al problema".