Amilivia analiza los planes de despoblación y garantiza el control de los fondos mineros
Mario Amilivia con Alfonso Peña y Antonio López, ayer.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León y la Cámara de Cuentas de Aragón han analizado ayer los planes de convergencia interior y de ayudas públicas que fueron destinadas a los planes de ayuda a la minería del carbón para luchar contra la despoblación.
Así lo han hecho tras mantener una reunión, en la que también ha participado la Cámara de Cuentas de Andalucía, para abordar la «metodología, alcance y mejora» de los informes sobre el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por estos órganos de control ante las administraciones públicas.
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el leonés Mario Amilivia, expuso ante sus homólogos que ya son seis los informes de este tipo aprobados por la institución autonómica, trabajos que posibilitan un seguimiento posterior de las medidas adoptadas y que el último informe, presentado en septiembre de 2019, contenía «189 recomendaciones» por lo que el Consejo de Cuentas realiza un «seguimiento permanente» de las entidades auditadas.
Amilivia destacó que el consejo trabaja en una propuesta de modificación de su reglamento ante el Parlamento autonómico para modificar los plazos de elaboración de este informe, ampliando el calendario de respuesta de las entidades del sector público, a fin de que se logre obtener una imagen más precisa sobre el cumplimiento de las propuestas del órgano de control.
La propuesta en tramitación amplía de 2 a 4 meses el plazo de comunicación por parte del presidente de las recomendaciones a los entes auditados y el informe pasará a aprobarse durante el segundo semestre del año.
El proyecto de Plan de Fiscalizaciones para el ejercicio 2020 remitido a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas para su aprobación incluye, además del informe de seguimiento y de recomendaciones relativo a 2019, otros dos informes específicos. Por un lado, en el ámbito autonómico, se contempla el seguimiento de las recomendaciones del informe de fiscalización de la eficiencia de las políticas activas de empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
Por otro, en el ámbito local, el seguimiento de las recomendaciones del informe de análisis del control interno de la gestión económico-financiera y contable de las entidades locales, con especial incidencia en el personal que ejerce dicho control.
Amilivia informó de que este mes está prevista su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico para la presentación del proyecto de Plan Anual de Fiscalizaciones 2020, al tiempo que reiteró la excepcionalidad que supone el hecho de que Castilla y León sea la única Comunidad en la que su órgano de control externo no goza de autonomía para la aprobación de su programación anual de trabajo.