Diario de León

Amilivia fiscaliza por primera vez la estrategia de cambio climático

El Consejo de Cuentas de Castilla y León exige autonomía para aprobar su plan anual

Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas.

Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas.

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El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha dado luz verde ayer al proyecto de Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2020, propuesta que ha sido trasladada al Parlamento autonómico para su aprobación, tal como establece la normativa vigente.

Entre las novedades, se contempla fiscalizar la estrategia de cambio climático de la Comunidad y la seguridad informática de las entidades locales. Además, su presidente, el leonés Mario Amilivia, incidió en la necesidad de modificar la ley para que deje de ser el único órgano de control externo autonómico que no aprueba su propio Plan Anual de Fiscalizaciones

El proyecto de plan para el 2020 incluye 17 fiscalizaciones, cuatro de mandato legal, 12 de carácter especial y otras actuaciones, incluyéndose los compromisos con el Tribunal de Cuentas y con el resto de las instituciones de control externo «dentro del marco de colaboración y lealtad institucional, lo que condiciona la capacidad del consejo para incluir nuevos trabajos», según aseguran desde el propio consejo.

Dentro de las fiscalizaciones especiales, en el ámbito de la comunidad autónoma, se incluye el análisis de la situación económico-financiera de la autonomía, con especial referencia a los entes sometidos a contabilidad pública. En esta ocasión, se prevé incluir además el análisis de la evolución funcional del gasto, es decir, a qué grandes ámbitos se ha dedicado el gasto público.

Se mantienen también las fiscalizaciones de los contratos, específicamente de las cláusulas sociales y medioambientales, y de los convenios, pero en este caso se presentan como plurianuales, para acercar lo más posible el ámbito temporal de la fiscalización con su presentación ante los ciudadanos.

León en los papeles

Siguiendo la fiscalización de actuaciones medioambientales en el ámbito local, se incluye la fiscalización de la estrategia del cambio climático de la Comunidad. También, dentro de los análisis de las universidades públicas, se contempla el de la situación económico-financiera de la Universidad de León y de sus entes dependientes.

Se continúa además con las fiscalizaciones de las capitales de provincia, correspondiendo a los ayuntamientos de Zamora y Soria.

Dos de las fiscalizaciones recogidas en planes anteriores se replantean para que sus resultados estén relacionados de forma más directa con cuestiones de trascendencia ciudadana, como son los trabajos de los Servicios de Asistencia Técnica de las diputaciones, en relación con la rendición de las entidades locales, o la eficacia y eficiencia de los servicios de recaudación.

De acuerdo con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos de control externo se incluye una fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales al considerarse que resulta necesario comprobar hasta qué punto las entidades locales están aplicando bien la nueva normativa.

Por la importancia que el uso de sistemas informáticos tiene en las administraciones públicas, y la necesidad de salvaguarda de la información que de todos los ciudadanos tienen esas administraciones frente a terceros, se incorpora una fiscalización de la seguridad informática en las entidades locales para obtener una visión de las incidencias más relevantes y promover soluciones aplicables a todo el sector de la autonomía.

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